EL FISCAL APELÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE ANTONIO VANRELL
La causa que investiga el manejo irregular de fondos en el Senado provincial durante la gestión del ex vicegobernador Antonio Vanrell tuvo un vuelco esta mañana, luego de que el fiscal Ricardo Favaretto apelara la resolución de la Justicia que la declaraba prescripta.
Si bien Favaretto se había mostrado inicialmente de acuerdo con la prescripción dictada por el juez de Sentencia Mauricio Frois, ahora debió apelar cumpliendo expresas instrucciones del fiscal de Cámaras, Arealdo Bertoldi.
A diferencia de lo que ocurre con los jueces -a quienes se les debe garantizar absoluta independencia en la toma de decisiones-, el Ministerio Público Fiscal funciona de manera vertical, por lo que Bertoldi es el superior jerárquico de Favaretto y tiene la facultad de darle este tipo de instrucciones (artículo 405 del Código Procesal Penal).
Frois había condenado a Vanrell a cinco años de prisión el 2 de noviembre de 2002, pero dicha condena fue apelada por la defensa del ex vicegobernador y el mismo juez determinó hace diez días que la causa estaba prescripta, a raíz de una modificación legal aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso de la Nación. De hecho, por este mismo motivo se produjo la prescripción de la denominada causa “IBM-Banco Provincia”, aunque dicha medida también está apelada en Rosario.
Sin embargo, existen diversas interpretaciones sobre esta reforma introducida por el Congreso. Ahora, a partir de la apelación de Favaretto, la decisión sobre si prescribió o no la acción penal recaerá en la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por los vocales Echauri, Villar y Rucci.
¿Qué pasará si los camaristas insisten con la prescripción de la causa? Pues, en ese caso, el fiscal Bertoldi tendrá la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por vía de un recurso de inconstitucionalidad. Si también se le rechazara este planteo, le quedará entonces la alternativa de acceder al máximo tribunal mediante lo que se denomina “recurso de queja”.
Desde hace quince años, Vanrell viene siendo investigado por la compra de juguetes a empresas fantasma con fondos del Senado. En las direcciones de las firmas donde supuestamente se hacían compras sólo existían playas de estacionamiento, plazas y obras en construcción. Aquellas empresas inexistentes figuraban con los nombres Juguetilandia, Lo Viste SCA, Gas Dav, Santillán y Santillán, Distribuidora del Libro, Distribuidora Córdoba, Carmelo Figueroa e Hijo, Embalar, Hansel y Gretel, Superior Mayorista, Casa Pasco, Juan Carlos Otañe SRL, Equipo Tres Construcciones y Constructodo.
La condena que sigue en pie
Pero, en noviembre de 2002, el juez Mauricio Frois no sólo condenó a Vanrell por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Senado, sino que, además, hizo lugar a una demanda civil que había sido presentada por el gobierno de la provincia, a través de Fiscalía de Estado.
De hecho, en aquella sentencia Frois condenó a Vanrell a indemnizar al Estado provincial por los daños y perjuicios ocasionados durante su gestión, por un total de 10 millones de pesos, que deberían ser pagados en forma solidaria entre el ex funcionario y los imputados Miguel Angel Foressi, Alfredo Infante, Rubén Alonso y Eduardo Pinés.
Se trata de 10 millones a valor de principios de la década de los noventa, por lo que dicha suma deberá ser actualizada con los intereses producidos por todos estos años, en caso de hacerse efectiva.
Los defensores de Vanrell también apelaron esta decisión de Frois -tal como ocurriera con la sentencia penal-, por lo que la condena no está firme; resta esperar la decisión que tome al respecto la Sala I de la Cámara de Apelaciones, ya que dicha acción civil no prescribió.
La Corte Suprema
de Justicia de la Provincia tiene en sus poder informes de las Cámaras de Apelaciones de Rosario y Santa Fe referidos a la prescripción de algunos casos trascendentes, vinculados con posibles hechos de corrupción. Entre ellos se destaca la causa de la Caja de Jubilaciones y la de IBM Banco Provincia.
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