EL FISCAL LE APUNTA A DE LA RÚA

El fiscal federal Federico Delgado solicitó esta mañana la elevación a juicio oral y público de la causa por el pago de sobornos en el Senado. Pero, al mismo tiempo, puso al ex presidente Fernando de la Rúa en el centro del caso al establecer que “parte del hecho ocurrió materialmente en su despacho” de la Casa Rosada.

De acuerdo al dictamen del fiscal, el “pacto ilegal” que derivó en el reparto de sobornos en el Senado por 5 millones de dólares se gestó el 4 de abril de 2000 en el despacho del ex mandatario, y concluyó 23 días después cuando los responsables de la maniobra terminaron de cobrar su parte.

Delgado señala también que De la Rúa sobornó a senadores del PJ y la UCR para lograr la sanción de la ley de Reforma Laboral, que era exigida por el FMI y resultaba necesaria para el radical a los fines de demostrar que podía gobernar pese al poderoso bloque opositor que tenía en el Congreso.

De esta manera Delgado cree que ya están en condiciones de ser juzgados en un proceso oral y público el ex ministro de trabajo Alberto Flamarique; el ex titular de la central de inteligencia de la Alianza, Fernando de Santibañes; el “arrepentido” Mario Pontaquarto y seis ex senadores.

Los ex parlamentarios procesados y listos para ir a juicio son el radical José Genoud (Mendoza) por “cohecho activo” (pago de los sobornos al igual que los ex funcionarios); y los justicialistas Augusto Alasino (Entre Ríos), Emilio Cantarero (Salta), Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro) y Ricardo Branda (Formosa), por “cohecho pasivo” (cobro de las coimas).

Al presentar el pedido, Delgado calificó al episodio como “la crisis más aguda de la vida institucional de la República Argentina desde la salida democrática del 10 de diciembre de 1983”.

La consideración histórica acerca de la gravedad del hecho investigado forma parte de uno de los párrafos del extenso dictamen de 54 carillas presentado esta mañana a Rafecas.

De todas formas, el juicio oral no comenzará inmediatamente. También tendrán que pronunciarse la Oficina Anticorrupción —querellante— y todas las defensas. Como se descarta que los procesados plantearán nulidades y que el juez las rechazará, esta parte del trámite no se completará hasta fin de año.

El tribunal oral que reciba el caso se definirá por sorteo entre los seis que hay en Comodoro Py. A su vez, estos jueces podrían ordenar medidas de prueba complementarias, con lo que sería extraño que el juicio se haga el año que viene.