EL FISCAL MARIJUÁN DIJO TENER "MUCHAS PRUEBAS" EN CONTRA DE CASTELLS

El fiscal federal Guillermo Marijuán negó ayer que se haya formado una unidad de fiscales para investigar a los piqueteros y aseguró que tiene “muchas pruebas” para iniciar proceso judicial contra el titular del MIJD, Raúl Castells, por clientelismo en el manejo de planes sociales.

Marijuán explicó que hay 2.600 investigaciones preliminares, en donde se encuentran también las de Castells, sobre manejos irregulares de jubilaciones y fondos sociales.

Marijuán negó una campaña contra Castells al señalar que no hay “una fiscalía o una unidad de fiscales haya investigado o que se haya creado para investigar piqueteros, sino que precisamente hubo imputados y existen denuncias contra intendentes, policías, empleados públicos también”.

El fiscal precisó que existen “denuncias efectuadas por distintos particulares que dicen pertenecer a ese movimiento”, el MIJD.

Marijuán dijo que las denuncias “se refieren a tres temas puntuales: exigencia de dinero a desocupados para mantenerse en un plan social, la exigencia de una contraprestación distinta a la que establece el plan en cuestión y finalmente también existen denuncias sobre la venta de distintos elementos y mercaderías que habían sido previamente donados” para familias desocupadas.

“Si usted le está vendiendo algo, por ejemplo, a una persona un elemento donado que usted recibió para que se lo entreguen gratuitamente a otra persona necesitada, en realidad lo está estafando al particular”, detalló el fiscal.

Marijuán analiza alrededor de treinta denuncias contra el titular del MIJD, de las cuales diez ya dieron paso a una presentación ante la Justicia por la presunta comisión del delito de extorsión a desocupados beneficiarios de planes sociales.

Los “pico y pala” de Rodríguez Saá
En otro orden, el gobierno de San Luis lanzará hoy la campaña por el “sí” vinculada a la consulta popular que se realizará el 22 de agosto próximo para que la ciudadanía decida si debe continuar en la provincia el plan social “pico y pala” que se implementó hace un año.

El Plan de Inclusión Social da trabajo a 40 mil personas que estaban desocupadas. Cada una de ellas recibe 330 pesos por mes y además cuenta con los beneficios de la obra social del Estado provincial y están asegurados.

El plan es criticado por la oposición al gobernador Alberto Rodríguez Saá señalando que “es improductivo, los beneficiarios son rehenes de los caprichos del gobierno y es como si el primer mandatario provincial hubiese formado un ejército privado aprovechándose de los más necesitados”.