EL FISCAL PIDIÓ CUATRO AÑOS DE PRISIÓN PARA MARÍA JULIA ALSOGARAY

María Julia Alsogaray podría afrontar una condena de hasta cuatro años de prisión, verse forzada a reintegrar más de un millón de dólares al Estado y quedar impedida de ejercer otro cargo público por diez años si el tribunal admite la acusación que promovió ayer el fiscal federal Oscar Amirante en el juicio que se le sigue a la ex funcionaria menemista por el delito de enriquecimiento ilícito.

La defensora oficial, Pamela Bisserier, afirmó, por el contrario, que “los incrementos y consumos (de la ex funcionaria) están razonablemente justificados”, y reclamó que la investigación por enriquecimiento ilícito debe anularse en todo lo que esté vinculado con la pericia que presentó un contador que admitió no ser perito.

Bisserier también pidió que se declare la inconstitucionalidad de la ley secreta 18.302 -de fondos reservados-, que regula uno de los ejes centrales de la acusación fiscal, y criticó duramente al juez federal que tramitó la investigación, Juan José Galeano, a quien denunció ante el Consejo de la Magistratura.

Amirante analizó durante 101 minutos los tres rubros por los que concluyó que la ex interventora en Entel y en Somisa se habría enriquecido de manera ilícita: fondos reservados, honorarios profesionales y cobro de dividendos de una empresa familiar encabezada por su padre, el ex ministro de Economía Alvaro Alsogaray.

Frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 4 -Horacio Vaccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino-, familiares de Alsogaray, fiscales federales y una docena de periodistas, Amirante sostuvo primero que la ex funcionaria no cobró 500.000 dólares de la firma Astilleros Alianza, en concepto de honorarios profesionales, como ella declaró.

“Sus ingresos no se encuentran debidamente justificados”, dijo.

“El dinero no pasó jamás por la tesorería de la firma”, subrayó y recordó que la empresa Zeal, que a su vez le prestó el dinero al astillero, “es una sociedad ficticia panameña, de la que se desconocen sus integrantes reales”, pero que operaba desde Montevideo proveyendo financiamiento al astillero.

Amirante apuntó luego a los “sobresueldos” que Alsogaray admitió haber cobrado. Pero a diferencia de la ex funcionaria, afirmó que “no eran los fondos reservados de la ley secreta 18.302” que sólo se destinan a cuestiones de seguridad del Estado, sino que provenían de otra dependencia oficial, lo que es investigado por la justicia federal. “Lo concreto es que se percibieron sobresueldos”, afirmó.

“Solicito al excelentísimo tribunal que al fallar se le imponga a Alsogaray la pena de cuatro años de prisión, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por diez años, más accesorias y costas”, reclamó Amirante, que de inmediato solicitó además que se ordene a la ex funcionaria el reintegro al fisco de 1.347.000 dólares “o su equivalente actual en pesos”, cifra que, según evaluó, se correspondería con el monto en que se enriqueció.

Réplica

Tras un cuarto intermedio de tres horas, fue el turno del alegato de Bisserier. A su lado, la ex funcionaria tomaba notas. Se la veía tranquila y concentrada en la audiencia que, por primera vez en este caso, se celebró en el recinto de la Cámara de Casación.

La defensora replicó uno a uno los argumentos del fiscal. Antes, se quejó de las presiones de la prensa y sostuvo que su alegato respondería también al juicio de la sociedad, que ya había condenado a su defendida.

“No tengo en claro si estamos debatiendo ilícitos o pecados”, dijo en el comienzo de una exposición de dos horas y veinte minutos.

Luego, planteó la inconstitucionalidad de la ley secreta 18.302, que reglamentaba la distribución de fondos reservados durante el gobierno de Carlos Menem.

Bisserier señaló que su defendida no pudo haber vulnerado esa ley, sencillamente porque no la conocía. “Los cargos ocupados por la ingeniera Alsogaray no son aquellos que permiten acceder a las leyes secretas. Y si no hay conocimiento no puede haber dolo”, afirmó.

Sobre Astilleros Alienza, Bisserier argumentó que, por ejercer una profesión de las llamadas liberales, Alsogaray no necesitaba realizar un contrato formal. “La ingeniera prestó sus servicios con el grado de informalidad que el código civil exige”, sostuvo.

Respecto de este punto, finalizó que si queda alguna duda sobre si existió o no el convenio, debía redundar en beneficio de Alsogaray.

Bisserier se detuvo durante casi una hora en la acusación sobre fondos reservados. Tras repetir sus objeciones sobre la ley secreta, argumentó que si los sobresueldos tenían su origen en esa norma, no era objeto de ese juicio si correspondía o no percibirlos.

“Si estos fondos eran ilícitos, ilegales o inmorales, el Estado es cómplice porque aceptó que [Alsogaray] los incluya en su declaración jurada y que pagara impuestos por eso”, dijo.

Agregó que si no se sabe de dónde provino el dinero, también debe ser beneficiada por el principio de la duda. “Excede el objeto procesal de la causa -argumentó-. ¿Y si se determina que salieron del bolsillo del entonces presidente? Podría ser producto de relaciones sentimentales, también.”

Finalizó su exposición a las 19.40. “Pido que a la hora de resolver el tribunal absuelva a mi defendida, María Julia Alsogaray, de la totalidad de las imputaciones en su contra”, dijo.

El juicio oral se reanudará el lunes próximo con las réplicas cruzadas de Amirante y Bisserier, y luego el Tribunal le ofrecerá a Alsogaray una última oportunidad para defenderse personalmente en el debate. Entre el martes y el jueves próximos se conocerá el veredicto.