EL FMI PRESIONA POR LOS BONISTAS, PERO TAMBIÉN QUIERE SACAR PROVECHO PROPIO
Roberto Lavagna buscó por todos los medios sacar al default argentino del centro de los debates durante esta asamblea del FMI en Washington. Pero no tuvo éxito. La situación argentina, como era de esperarse, ocupó un lugar muy destacado en todas las discusiones sobre la coyuntura, sólo superado por la suba del petróleo y el conflicto en Irak.
En esto influyeron también otros elementos. Como la estrategia que el Fondo Monetario —en forma simultánea con el recrudecimiento de las presiones para que Argentina arregle con sus acreedores— puso en marcha para reducir su exposición financiera en el país. Es decir, lograr que la Argentina le deba menos plata.
La jugada de Rodrigo Rato —el español que comanda la institución— aprovechó la cercanía de un desenlace en la pulseada que el gobierno de Néstor Kirchner mantiene con los acreedores privados. De la arremetida final participan muchos interesados, como quedó claro en los últimos días en Washington con las críticas que emergieron del Grupo de los Siete; los banqueros; los organismos de crédito; los representantes de la Unión Europea y los propios bonistas. Y en ese río revuelto, a pesar de que logró el status de acreedor privilegiado, el Fondo Monetario busca sacar más ventaja.
En cierta medida, el planteo se apoya en una decisión que había tomado el Gobierno argentino: seguir pagando al Fondo sin recibir desembolsos, a cambio de dejar la política económica liberada de la supervisión del organismo. La única salvedad es que el Ministerio de Economía imaginó este esquema como una salida transitoria hasta fin de año, cuando debería retomarse el programa y reanudarse los desembolsos. Pero los técnicos del FMI lo interpretaron como definitivo, y ya trabajan pensando en que a partir de enero de 2005 habrá que negociar un acuerdo nuevo. En el ínterin, habrán recuperado casi 2.200 millones de dólares que la Argentina pagará por vencimientos de capital e intereses.
Este punto todavía no fue motivo de discusión entre el ministro Roberto Lavagna y sus interlocutores en el organismo. Es que todavía debe correr mucha agua bajo el puente antes de que la Argentina pueda atreverse siquiera a hacer un reclamo formal por ese dinero. Por ahora, toda la energía de ambas partes está puesta en definir qué pasará con la reestructuración de la deuda en default. Por eso, ni Lavagna ni Martín Redrado (el presidente del Banco Central, que alterna con el ministro la participación orgánica en las asambleas del FMI) quisieron darle relevancia inmediata a un planteo que Rodrigo Rato lanzó en público el jueves pasado: establecer a partir de 2006 un calendario preciso de pagos que Argentina deberá cumplir para ir bajando su deuda con el Fondo, que roza los 15.000 millones de dólares.
Según Rato, éste es un compromiso que figura en la carta de intención que se firmó en marzo último entre Roberto Lavagna y Anne Krueger. “En la relación con Argentina tiene que existir un calendario de repago, como ocurre con cualquier país que recibe créditos de nosotros”, justificó el español.
Lo que llama la atención es que su reclamo choca con las proyecciones que el Ministerio de Economía fijó en los análisis de sustentabilidad de la propuesta para salir del default. En esos informes se trabaja con el supuesto de que entre 2005 y 2014 el país refinanciará todos los vencimientos de capital con el FMI y sólo pagará los intereses, tal como se pretendió hacer —y sólo se logró a medias— desde setiembre de 2003.
Cambiar esa hipótesis para contemplar pagos netos al Fondo (y también al Banco Mundial) implicaría dejar menos recursos disponibles para dedicarlos a los tenedores de bonos en default. Esto pone en un brete a la Argentina, pero también al propio FMI, que aparecería otra vez disputándose con los acreedores privados un botín de recursos que son limitados.
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