EL FMI SUBE LA PRESIÓN POR LOS QUE NO ENTRARON AL CANJE

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Thomas Dawson, condicionó hoy la firma de un nuevo acuerdo con Argentina a la elaboración de una “estrategia realista para lidiar” con los bonistas que no adhirieron el canje de la deuda.

“Si hubiese un programa (crediticio) futuro del Fondo, las autoridades deberían desarrollar una estrategia realista para lidiar con los acreedores que no participaron” en el canje, dijo Dawson.

Por su parte, el Gobierno, a través del ministro de Economía, Roberto Lavagna, reiteró varias veces que no iba a haber una reapertura del canje, y que la única alternativa que le queda a estos bonistas es demandar al Estado argentino ante los tribunales.

El portavoz el organismo internacional de crédito no quiso especificar los elementos o principios que debería contener esa estrategia, y simplemente explicó que “ese enfoque se enmarca en la Política de Préstamo a Países en Suspensión de Pagos”.

Esa política establece que el FMI sólo podrá firmar un acuerdo crediticio con un país miembro si éste “está realizando un esfuerzo de buena fe para alcanzar un acuerdo de colaboración con sus acreedores”.

Casi un 24 por ciento de los bonistas no aceptó la oferta del gobierno nacional. Este es un porcentaje bastante elevado si se tienen en cuenta operaciones similares de otros países, donde ronda el 10 por ciento.

No obstante, el FMI, con su director gerente Rodrigo Rato a la cabeza, insiste en que para resolver el problema Argentina tiene que desarrollar una “estrategia realista”, ya que esto sería “importante en el contexto de un futuro programa”, según Dawson.

La Política de Préstamo a Países en Suspensión de Pagos alerta de que “en algunos casos las demandas generalizadas (en los tribunales) podrían tener un impacto adverso grave” sobre la capacidad del país de cumplir los compromisos generalmente incluidos en los programas con el Fondo.

El Gobierno suspendió en agosto el programa de crédito que tenía con el FMI para concentrarse en el canje de la deuda, que se cerró en enero. Actualmente se negocia con el organismo las bases para la relación futura.

El 1 de abril se debían haber cambiado los títulos antiguos por los nuevos, pero el Ejecutivo se vio obligado a suspender la operación por el embargo de 7.000 millones de dólares en bonos ordenado por un tribunal de Nueva York.