EL FMI VUELVE A PRESIONAR POR LAS COMPENSACIONES A LOS BANCOS
En la pulseada que mantiene con el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a incorporar en un lugar relevante la cuestión de las compensaciones a los bancos, que involucran unos $ 10.000 millones. Junto con la suba de las tarifas de los servicios públicos y la reestructuración de la deuda en cesación de pagos, fueron los ejes sobre los que giró el análisis de situación que hizo la semana pasada John Thornton, el enviado del FMI que estuvo tres días en Buenos Aires.
Las impresiones que el economista inglés se llevó de su visita quedarán impresas en un informe técnico, que comenzará a circular desde el lunes 5 de enero en el directorio del FMI. Hasta ese día nadie moverá un papel en Washington, ya que desde el martes 23 disfrutan de un largo receso por Navidad y Año Nuevo.
El interés que demostró Thornton en las compensaciones a los bancos fue confirmada a Clarín por un alto funcionario del Ministerio de Economía. Y también por fuentes de Washington allegadas a la negociación.
Hasta ahora, el Gobierno comprometió un pago en bonos por $ 2.800 millones a los bancos, para compensarlos por la llamada indexación asimétrica entre depósitos (ajustados por CER) y los préstamos (ajustados por CVS, que termina en marzo).
Por este tema se votó una ley que autoriza la emisión de los bonos, que aún no fue reglamentada. Los banqueros se quejan de que la norma es “deficiente” y que no cubre satisfactoriamente las pérdidas que dicen haber sufrido. Algunos de sus argumentos fueron recogidos por el FMI, que incluyó a la “normalización del sistema financiero” como una de las condiciones principales del acuerdo firmado con Argentina en setiembre último.
“Si no se avanza seriamente en el saneamiento patrimonial del sistema bancario, la descapitalización de las entidades puede llevar a una nueva crisis”, aseguran en el FMI. Y en ese tono, palabras más o menos, quedaría redactado el informe que Thornton elevará a sus superiores.
En ese punto, la presión del Fondo se orienta fundamentalmente a lograr avances en otra compensación: la que reclaman los bancos por haber sido obligados por la Justicia a pagar los amparos al dólar libre, en lugar de $ 1,40 más CER, como había fijado el Gobierno. Esa “diferencia cambiaria” equivaldría a unos $7.000 millones. Este desequilibrio es el que el FMI visualiza como una amenaza de “descapitalización y desestabilización” del sistema financiero argentino.
Por ahora, el Gobierno se niega a considerar siquiera esa compensación hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo: pesificación o dolarización. Es un criterio que hizo público en varias ocasiones el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
La presión por las compensaciones bancarias le agrega tensión a la relación del Gobierno con el FMI. “Con el tema de las compensaciones hemos avanzado todo lo que se pudo. Pero Thornton parece decidido a buscar cualquier excusa para justificar el incumplimiento de su parte en el acuerdo”, aseguraron a este diario en Hacienda.
La referencia apunta a la postergación de la aprobación de la primera revisión del acuerdo firmado en setiembre. El FMI admitió que las pautas cuantitativas (monetarias y fiscales) están sobrecumplidas. Pero argumentó haber encontrado demoras en metas cualitativas, entre las que incluyó las compensaciones, la renegociación de contratos y tarifas con las privatizadas y el proceso de reestructuración de la deuda en default.
Al no aprobar la revisión, se congelaron los desembolsos y eso obligó al Gobierno a cubrir los vencimientos chicos con sus reservas de dólares. Pero la prueba de fuego aún está por llegar:
a principios de marzo vencen US$ 3.000 millones.
El Gobierno respondió acusando al organismo de ejercer presiones para que Argentina incremente el superávit fiscal destina do a pagar a los acreedores. El presidente Kirchner se encargó de hacer esa denuncia en público durante varios días.
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