EL FUTURO DE YACYRETÁ SERÁ CLAVE PARA ALENTAR NUEVAS INVERSIONES

Yacyretá es una muestra representativa de la historia argentina y también de Paraguay. Y una máscara perfecta de sus contradicciones, carencias y frustraciones. Originalmente, en 1973, cuando se aprobó el proyecto, los costos de la obra se estimaron en 2.500 millones de dólares. Hoy, 33 años después, se dice que insumió 13.000 millones de dólares y ese el monto que constituye el pasivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La diferencia se explica por los atrasos en la construcción, los intereses que se impusieron a los préstamos (aceptados a pie juntillas por el desfile de funcionarios que estuvieron a cargo del manejo financiero), los sobreprecios de los múltiples contratistas y proveedores (muchos de ellos ligados a intereses gubernamentales), de los altísimos honorarios de consultoras y equipos técnicos que se fueron sucediendo y, por supuesto, de “desvíos de fondos”. Por algo fue bautizada como el “monumento a la corrupción” precisamente por alguien que conoce el tema, el ex presidente Carlos Menem.

La mayor parte de los costos del proyecto fueron financiados por el Gobierno argentino. Por su parte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cubrieron los requerimientos por unos 1.800 millones de dólares y otras agencias del sistema financiero internacional se encargaron de aportar otros 1.000 millones de dólares.

El resto de los costos, aproximadamente 1.100 millones de dólares, se basaron en recursos generados por la propia Entidad Binacional Yacyretá .

Con semejantes drenajes Yacyretá no es rentable porque las utilidades que generaría su puesta en funcionamiento a pleno serían inferiores al servicio de su deuda. En otras palabras y para ir al grano: Yacyretá produciría electricidad “a pérdida”.

La deuda está asumida por el EBY que comparten Argentina y Paraguay. Ahora los paraguayos se quejan porque cargan con la mitad de una deuda cuya responsabilidad es enteramente argentina. Se trata de una verdad a medias. Porque Paraguay dejó hacer, toleró los atrasos, los costos excesivos, las consultorías, la lista de proveedores y otras yerbas. Ambos países se involucraron en un pésimo negocio, que dejó gruesas utilidades a bancos, contratistas, asesores y funcionarios. Fue pérdida creciente y no un negocio para los países en juego.

Ahora se necesita ampliar la represa para que pueda funcionar al 100 por ciento de su capacidad y ese paso requiere más fondos. Una licitación para ampliar la cota fue impugnada por irregularidades, poniendo nuevamente al descubierto la falta de transparencia de la obra.

La semana pasada los Presidentes de Paraguay y Argentina acordaron formar una comisión para que en 90 días se expida sobre ésta y otras cuestiones relevantes. Dado los intereses en juego, las responsabilidades oficiales compartidas, los voluminosos montos que se debaten, los Parlamentos de las dos naciones interesadas deberían conformar un Panel de Expertos Independientes que dilucide qué pasó y propugne una solución que tome en cuenta las necesidades del presente y del futuro energético.

La afirmación de la disponibilidad energética es fundamental en el espinel productivo argentino, para sopesar si conviene o no acrecentar inversiones. Esas inversiones el Gobierno las considera prioritarias para ampliar la oferta, evitando mayor inflación y logrando cobertura eficiente del mercado.