EL GOBERNADOR DE SANTA CRUIZ ESTÁ GRAVE
El estado de salud del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Santa Cruz, Carlos Sancho, se agravó anoche por lo que fue llevado a la sala de terapia intensiva en la clínica porteña donde había sido internado el fin de semana último.
Sancho había ingresado al centro asistencial con un “cuadro febril agudo”, pero el miércoles a la mañana presentaba una leve mejoría, informaron fuentes oficiales.
Sin embargo, ayer a la madrugada el cuadro se complicó y presentó “signos de insuficiencia respiratoria aguda y severa” lo que obligó a asistirlo con un respirador mecánico, informó la Casa de la Provincia en un parte informativo.
En el mismo parte se añade que el pronóstico de salud de Sancho es de “carácter reservado”.
A raíz del estado de salud del vicegobernador, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz es ejercido por la vicepresidente segunda de la Cámara de Diputados, Miriam Aguiar, en razón de que la vicepresidente primera, Judith Forstmann, se encuentra de viaje fuera de Río Gallegos.
Sancho reemplazó al gobernador electo Sergio Acevedo en febrero luego de una crisis en Las Heras y de peleas con el kirchnerismo.
La crisis en esa la localidad santacruceña había comenzado en la madrugada del 7 de febrero, cuando manifestantes atacaron la comisaría local y terminó con la renuncia de Acevedo.
Los manifestantes de Las Heras reclamaban la liberación de Mario Navarro, dirigente disidente del gremio petrolero que había sido detenido por encabezar cortes de ruta en la zona.
Los hechos de violencia terminaron con el asesinato del policía Jorge Sayago. Su muerte conmocionó al Gobierno nacional por tratarse de una protesta social en la provincia del presidente Néstor Kirchner.
Para controlar la situación, desde el Gobierno nacional en Buenos Aires se enviaron de inmediato unos 300 gendarmes y se creó un comité de crisis.
Sin embargo, el caso tuvo derivaciones políticas. La consecuencia más grave fue la renuncia de Acevedo, reemplazado por Carlos Sancho.
Acevedo venía de varias rispideces con Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, quienes tampoco habían estado de acuerdo con el manejo de la crisis en Las Heras.
En total, la jueza del caso, Graciela Ruata de Leone, detuvo a unas treinta personas en sucesivos operativos.
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