"EL GOBERNADOR NO SE SOLIDARIZÓ CON LAS VÍCTIMAS, PERO SÍ CON EL RESPONSABLE DE LO QUE PASÓ"
Los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos del 19 y 20 de diciembre pasado en Santa Fe, enviaron un comunicado el balance realizado después del anuncio del Presidente Néstor Kirchner de indemnizar a los familiares y víctimas de la represión policial de aquellos días.
“En Santa Fe la brutal represión que originó este proyecto de ley, fue cometida por la policía de la provincia, en consecuencia es responsable el estado provincial por la violación de los Derechos Humanos de los ciudadanos santafesinos, a quien hoy el gobernador les da la espalda para solidarizarse con quien ejercía el Poder Ejecutivo aquellos días”, expresaron a través de un documento.
Según indicaron, “el Presidente de la Nación, al remitir el proyecto de ley al Congreso está reconociendo públicamente la violación, por parte del Estado, que él representa, de los Derechos Humanos de los ciudadanos, ello sin perjuicio de las acciones judiciales que determinarán la responsabilidad penal de los autores”, mientras que “a nivel provincial los funcionarios siempre argumentaron que solo el Poder judicial esta
facultado para investigar y nunca asumieron la responsabilidad por sus actos u omisiones”.
En tal sentido, los integrantes de la Comisión concluyeron en seis puntos que sintetizaron su pensamiento, y donde afirmaron que “se evidencia una vez más y con particular intensidad el contraste entre la iniciativa y el respaldo político del gobierno nacional para investigar y asumir responsabilidades y el silencio e inacción que siguen demostrando los tres poderes del estado provincial”. “Los dichos del Gobernador actual ratifican una continuidad con la política de impunidad instaurada por el gobierno anterior”, informaron.
En el comunicado, se expresó que “el gobernador nunca se solidarizó con los familiares de la víctimas y su dolor, pero sí lo hace con quien fuera responsable máximo de la provincia en los días de diciembre de 2001”.
“Las violaciones a los Derechos Humanos no se plebiscitan, la cantidad de votos que obtiene un candidato de ninguna manera garantiza la impunidad de los actos de los cuales resultan responsables los funcionarios públicos”, sentenciaron.
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