EL GOBIERNO ADJUDICÓ 8.000 KILÓMETROS DE RUTAS CON PEAJE

A una semana de cumplir cinco meses al mando de la Casa Rosada, el Gobierno de Néstor Kirchner concretó ayer su primera privatización, al adjudicar casi 8.000 kilómetros de rutas con peaje a seis nuevos concesionarios que harán su debut a partir del 1º de noviembre.

Tras recibir las ofertas de 12 grupos oferentes que llegaron hasta la última instancia de la licitación, el Gobierno definió la nueva asignación de las rutas con un “criterio de caja única” que tuvo en cuenta la obtención del mayor beneficio económico para el Estado.

Originariamente, los técnicos del Ministerio de Planificación Federal habían previsto un esquema basado en el cobro de cánones en cuatro corredores y el pago de subvenciones para los otros dos corredores que estaban en juego. Dentro de ese marco y manteniendo las tarifas actuales, la apuesta del Gobierno era obtener al cabo de los cinco años de las concesiones un saldo a favor de 18 millones de pesos.

Las expectativas oficiales se vieron ampliamente superadas por la fuerte pelea que se planteó entre los consorcios oferentes.

Por cinco de los seis corredores, las empresas interesadas ofrecieron el pago de distintos porcentajes de cánones que en todos los casos superaron las bases que se habían fijado.

En tanto, la única subvención que quedó en pie —de las dos que se habían previsto— resultó menor a la esperada por los técnicos. De esta manera, el resultado económico de 18 millones que el Gobierno había calculado hasta fines del 2008, se elevó a casi 94 millones de pesos como consecuencia de los cánones más altos y las subvenciones más bajas que arrojaron las ofertas.

A diferencia del esquema menemista que dejaba todos los trabajos bajo la responsabilidad de las empresas viales, el nuevo modelo de privatización establece que los concesionarios sólo tendrán que “mantener y señalizar” las rutas, mientras que el Estado se encargará de las obras de ampliación y de repavimentación.

Por el lado de los ingresos, los futuros concesionarios dejarán de embolsar los subsidios compensatorios de tarifas que se vienen pagando desde mediados del 2001 a los actuales operadores de las rutas. Esos subsidios equivalen a 325 millones de pesos anuales que a partir de ahora el Gobierno prometió destinar al presupuesto de Vialidad. De esta manera, las ingresos reales de los nuevos concesionarios saldrán de las recaudaciones de las cabinas, a las que se descontarán los cánones ofrecidos en los 5 corredores superavitarios y se añadirá la subvención solicitada para el único corredor deficitario.

Junto con las ofertas, la otra nota saliente de ayer fue la ausencia de las principales constructoras que a principios de los 90 se habían quedado con las rutas más transitadas del país. Pese a que estaban habilitadas para presentar ofertas, no compitieron por los nuevos corredores los grupos Roggio, Macri, Dycasa y Perales Aguiar.

El nuevo reparto de las rutas quedó de la siguiente manera:

Corredor 1: Tiene 1.281 kilómetros y abarca las rutas 3, 205, 226 y 252. El grupo ganador está integrado por las empresas Coarco y Equimac que ofertaron un cánon equivalente al 4,2% de los ingresos por peaje.

Corredor 2: Comprende a las rutas 5 y 7 y tiene 1.265 kilómetros. Fue adjudicado a la constructora correntina Homaq que pagará un canon equivalente al 15% de la recaudación.

Corredor 3: Posee 1.500 kilómetros pertenecientes a las rutas 9, 11, 19 y 188 y a las autopistas A-012, A-009 y Rosario-Armstrong. Terminó en manos del consorcio Decavial-Vialco que ofertó un canon del 32,1%.

Corredor 4: Comprende las rutas 8, 33, 36, 38, 193 y la autopista A-005. Quedó bajo el control del consorcio integrado por Corporación América, Helport y Podestá Construcciones, que ofreció un canon del 7,77% .

Corredor 5: Abarca 1.514 kilómetros de las rutas 9 y 34. A cambio de un canon equivalente al 21% fue otorgado a la sociedad de empresas locales Covico, Coprisa, Estructura SA, Glikstein y Noreste Construcciones SA..

Corredor 6: Agrupa 1.150 kilómetros de las rutas 11, 12 y 16. Se lo llevó el grupo de Supercemento-Dragados y Obras Portuarias, que cobrará una subvención equivalente al 33,2% de los ingresos que aporten los peajes.