EL GOBIERNO AMPLIARÁ UN PROYECTO PARA QUE LOS MAPUCHES CONSERVEN LA TIERRA

La exitosa experiencia de co-manejo de la Administración de Parques Nacionales (APN) y siete comunidades mapuches en el parque nacional Lanín disparó la idea de replicar ese modelo en otras nueve áreas protegidas de ocho provincias, mediante la creación del Consejo Asesor de Pueblos Originarios. Así lo anunció el gobierno nacional a través del titular del organismo, Héctor Espina, quien explicó que el Consejo en cuestión estará integrado por aborígenes que habitan dentro o cerca de las zonas protegidas, y que su creación “está basada en el reconocimiento hacia los saberes y la relación que los pueblos originarios tienen con la naturaleza”. “La cuestión de los derechos indígenas es una prioridad. Esto funcionará al amparo de leyes nacionales e internacionales que la Argentina suscribió a favor de pueblos originarios”, subrayó por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo. La cuestión, a la par, dotará de una renovada fuerza política a la APN, que es un brazo nacional en los territorios provinciales.
A la experiencia de parque nacional Lanín, en el marco del reconocimiento a las pautas de uso, acceso y control de los recursos surgidos del saber ancestral de los originarios, se sumarán el monumento natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, donde habitan los kollas; el parque nacional Calilegua, en la misma provincia, con la comunidad guaraní; el parque nacional Iguazú, de Misiones, con los mbya guaraní; el parque nacional Río Pilcomayo, en el noreste de Formosa, con los tobas; la reserva toba Teuco Bermejito, en Chaco; el parque nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis, donde viven los huarpes; el parque nacional Nahuel Huapi, en Río Negro y Neuquén, y el parque nacional Laguna Blanca, de Neuquén, con los mapuches, y la reserva Pizarro, en Salta, con la comunidad wichí.
La idea de ampliar la experiencia del Lanín surgió en el marco de un taller que durante dos días reunió a funcionarios nacionales, representantes de pueblos originarios de todo el país y miembros de organizaciones no gubernamentales en la Biblioteca Nacional de la Capital Federal para debatir sobre tres ejes: “Territorio e Identidad, Territorio y Conservación y Territorio y Desarrollo”.
Entre los participantes, se destacó la presencia de tres wichí de la reserva Pizarro, quienes integraban la comunidad El Traslado, una de las más aisladas del país, y luego se mudaron al sur salteño. Meses atrás los wichí fueron recibidos por el presidente Néstor Kirchner tras una denuncia de la organización ecologista Greenpeace, a la que se sumó el actor Ricardo Darín, sobre su desalojo: se pretendía desmontar una reserva provincial desafectada para que lo privados cultiven soja. Ahora los wichí viven en las hectáreas que Parques Nacionales compró para conservar la reserva de yungas.
“Hay que romper con las inercias culturales y marchar a la institucionalización de políticas que respondan a la aplicación del Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los originarios en cuanto a ser consultados sobre el territorio que ocupan”, indicó Espina.
Bruno Carpinetti, vocal del directorio de la APN e impulsor de la idea del Consejo Asesor de Pueblos Originarios, reseñó: “Hace tiempo que venimos trabajando con los pueblos originarios, pero es recién con esta administración que transformamos el reconocimiento a los indígenas en políticas institucionales”.
Carpinetti es autor del trabajo “De la expulsión al co-manejo”, donde relata las diferentes etapas de la APN, que partió, según afirma, de un pensamiento de los parques nacionales como “lugares sin presencia humana”. Ello derivó, según recuerda, en un proceso de desalojo compulsivo a los pobladores originarios en la década de 1930, “hasta la actualidad, cuando se concibe a las áreas como espacio de protección cultural y natural”.
Por su parte, Verónica Huilipan, de la Confederación Mapuche Neuquina, destacó el camino transitado con Parques Nacionales en el co-manejo del Lanín, donde siete comunidades fueron las primeras en poner en marcha esta iniciativa en 1988.
Sin embargo, Huilipan puso el acento en “los límites de un Estado monocultural” que no permite la participación de los pueblos originarios “aun cuando existe un marco jurídico”, en referencia al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural” de los originarios.

En Australia son dueños y alquilan

La decisión de avanzar en la experiencia de co-manejo con los indígenas locales en otras nueve zonas protegidas de Argentina tiene como antecedente una práctica similar en Australia, desarrollada desde principios de la década de 1970 ahora, cuando los pueblos originarios controlan 13,8 millones de hectáreas, lo que equivale a más del 16 por ciento del territorio total del país-continente. Las autoridades de la Administración de Parques Nacionales recibieron el año pasado a sus pares de Australia, quienes les explicaron hasta dónde llegó el “reconocimiento” por parte del Estado: los aborígenes australianos tienen títulos de propiedad de la tierra otorgados por el gobierno y, a su vez, “rentan al gobierno australiano esos territorios como Parques Nacionales”.