EL GOBIERNO ANALIZA ASILAR A EX MIEMBROS DE LAS FARC

Al menos seis personas –cuatro hombres y dos mujeres– que integraron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, ingresaron en la Argentina el año último y solicitaron asilo político, status que el Gobierno analiza si otorga o no. Se trata de hombres y mujeres que reconocieron, ante las autoridades argentinas, haber alzado las armas contra el gobierno de Colombia, según consta en un informe que el Congreso le pidió a la Casa Rosada.

Es la primera vez que se acepta de manera oficial que militantes de las FARC ingresaron en territorio argentino para solicitar refugio. Hasta el momento sólo se sabía de las visitas esporádicas de Javier Calderón, uno de los representantes diplomáticos de las FARC, que dio diversas conferencias en la Capital y en el interior del país.

El trámite inicial para esta confirmación fue un pedido de informes que el Congreso hizo a fines del año último y que llevaba la firma del senador radical Luis Alberto Falcó. La solicitud, que fue aprobada por el Senado, buscaba obtener datos verídicos sobre la presencia o no de integrantes de las FARC en la Argentina. La respuesta llegó el 21 de julio último, rubricada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En ese expediente, al que accedió LA NACION, se asevera que en 2004 tramitaron el pedido de refugiados políticos seis integrantes de las FARC.

En el escrito aparece una nota firmada el 6 de junio por el entonces secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne, hoy ministro de Justicia, que avala los datos proporcionados por la Gendarmería y la Policía Federal con relación a los integrantes de las FARC cuya presencia es conocida en el país.

Se comunicó entonces al Congreso que el 30 de abril de 2004, a las 10.30, ingresaron por el paso internacional de La Quiaca, procedentes de Bolivia, siete ciudadanos colombianos, cuatro mayores y tres menores. Por el mismo lugar ingresaron el 14 de agosto de 2004 otros dos colombianos, con un menor.

En todos los casos, los mayores dijeron ser miembros de las FARC. Cuatro de esas personas argumentaron que estaban desmovilizadas, esto es, que habían abandonado la guerrilla y que habrían trabajado posteriormente con el ejército colombiano. Otros dos no dieron excusas y directamente buscaron el refugio como integrantes de las FARC.

En el primer grupo ingresaron Jorge Enrique Navarro Neira, nacido el 24 de marzo de 1965, de profesión ingeniero forestal; Jofré Díaz Jiménez, nacido el 7 de septiembre de 1970, estudiante de comunicación social; Diego Fernando Paredes Grannobles, nacido el 30 de diciembre de 1977, técnico en sistemas de comunicaciones y electrónica, y Luz Angela Espitia Bravo, nacida el 25 de diciembre de 1981, además de dos menores de edad.

Una pareja fue la que cruzó en la segunda ocasión, Carlos Gómez García y Mercedes López Peña, con un menor de edad.

Estas personas presentaron su documentación ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), en el que tienen actuación tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior, mediante la Dirección de Migraciones. Fueron alojados en los primeros meses en un hotel céntrico de la Capital Federal.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, cercanos al canciller Rafael Bielsa y al vicecanciller Jorge Taiana, aseguraron ayer desconocer en que etapa del trámite legal en que se encuentran los pedidos de refugio de estas personas que integraron las FARC.

Controvertidos pedidos

La sensibilidad que mostró la Cancillería ante las consultas periodísticas puede entenderse por el último caso resonante de pedido de asilo político, el del etarra Jesús María Lariz Iriondo, que motivó una fuerte advertencia al respecto de la vicepresidente española María Teresa Fernández de la Vega durante una reunión con el presidente Néstor Kirchner.

También hay quejas del gobierno chileno de Ricardo Lagos por el pedido de asilo que efectuó Sergio Apablaza, conocido como el comandante Salvador y líder de la guerrilla Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Fuentes de las fuerzas de seguridad aseguraron que llamó la atención especialmente el primer grupo que pidió refugio, por el número de integrantes y su falta de relación familiar. En su momento había disparado un alerta el apellido Grannobles, ya que lo relacionaron con algún familiar de Jorge Suárez Briceño, conocido como el “Mono Jojoy” y uno de los principales cabecillas de la guerrilla colombiana. Aunque una alta fuente que conoce a fondo el conflicto colombiano descartó esa relación, los hombres de la seguridad nacional pusieron atención a esa posibilidad.

Más allá de los nombres mencionados, LA NACION pudo conocer otro caso de un colombiano desmovilizado de la guerra interna en su país. Se trata de Carlos García Gómez, un hombre del Movimiento 19 de Abril (M-19) que ingresó en la Argentina en agosto de 2004, por el paso internacional de La Quiaca luego de pasar por Ecuador, Perú y Bolivia.

Hasta abril de 2005 se le renovó en el Cepare un permiso trimestral para que se quedara en el país mientras se definía su situación de refugiado. Habría arreglado luego su salida del país al no estar conforme con la asistencia que recibía como candidato a refugiado, esto es, un pago mensual de 450 pesos y el alojamiento en una pensión de la Capital, trámite de rigor en todos los casos de refugiados.

La condición de refugiado

El rango de refugiado político se entrega a las personas que deben abandonar su país de origen por temores fundados debido a su raza, religión, grupo social u opinión política. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) colabora económicamente para que esas personas puedan insertarse en el extranjero una vez que el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare) acepte otorgarles la condición correspondiente, trámite que demanda más de un año, dependiendo de la forma en que el solicitante pueda demostrar su situación de perseguido en su país.