EL GOBIERNO ANALIZA INTERVENIR LA JUSTICIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Todo indica que el presidente Néstor Kirchner -así como algunos miembros del Gabinete- no está dispuesto a pasar por alto la crítica situación que vive Santiago del Estero en el ámbito de la justicia. Por eso, está analizando cuidadosamente dar un paso contundente en el tema: intervenir el Poder Judicial de la provincia.

En sus manos se encuentra un exhaustivo informe sobre el tema, presentado en conjunto por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el secretario del área, Pablo Lanusse, y el subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

La semana pasada, Lanusse y Duhalde visitaron la provincia y se reunieron con dirigentes de organizaciones de derechos humanos. En una rápida recorrida, ambos funcionarios advirtieron sobre el trato brutal que muchos policías dan, en especial, a los jóvenes de barrios pobres de la provincia y, en ocasiones, también a niños, todo esto, supuestamente, con conocimiento de los jueces.

Duhalde y Lanusse coincidieron en que “la situación es de mayor gravedad a la del deterioro institucional que advertimos al llegar”.

“Hoy debemos hablar de falta de independencia del poder judicial, que no se limita sólo a problemas de mala administración de los jueces, sino a una clara dependencia del poder político”, precisó Duhalde.

El secretario de Derechos Humanos opinó que en la falta de independencia y probidad en la justicia “la policía es un verdadero instrumento de control político y social con gravísimas irregularidades”.

Más allá de lo que venía sucediendo, hay que reconocer que el detonante de esta situación fue la impunidad del doble crimen de La Dársena, en el que fueron asesinadas en febrero de este año las jóvenes santiagueñas Leyla Nazar y Patricia Villalaba, cuyos familiares acusan a los denominados “hijos del poder”.

Las fuentes consultadas indicaron que Beliz fue al encuentro con el presidente Kirchner tomando como suya la postura de Lanusse y Duhalde que impulsan la intervención federal del Poder Judicial de la provincia.

El gobierno provincial, que actualmente conduce Mercedes Aragonés, esposa del octogenario caudillo Carlos Juárez, procuró a partir de allí depurar el Poder Judicial, pero esto no sería suficiente para evitar una medida de la administración central.