EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA PRÓRROGA DE LOS REMATES POR DEUDAS HIPOTECARIAS

Así lo anunció anoche el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al término de una reunión con los representantes de los bancos.

Fernández puntualizó que la semana próxima se enviará el proyecto de ley al Congreso y con ello se busca aliviar la situación de los deudores. Respecto de los acreedores no institucionales, el funcionario precisó que “la situación es muy difícil porque no hay representación institucional y confiamos en que comprendan la magnitud de la crisis y colaboren también con la suspensión de las ejecuciones”.

Luego afirmó que la solución vendría mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario aunque no precisó de donde provienen los recursos. “De esta manera, el Estado entregaría un bono a los bancos y se liberaría a las entidades financieras de la relación contractual, mientras que los deudores le pagarían luego al Estado”, destacó Fernández.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) adhirieron a la prórroga de la suspensión. El salvataje incluiría a tenedores de crédito para la compra de vivienda única, familiar y permanente de hasta 100 metros cuadrados y por un monto de hasta 80 mil pesos.

El plan consiste en la conformación de un Fondo Fiduciario al que se les transferirá la deuda de capital que hayan acumulado los deudores con bancos o acreedores privados (escribanías) y de lo que aún falte cancelar hasta la finalización del préstamo.

El Fiduciario no asumirá la deuda por intereses o punitorios que pudiera haberse generado en el período en mora, lo cual debería ser condonada por los acreedores.

Podrán ingresar al programa los deudores hipotecarios que hubieran entrado en mora entre el 1 de enero de 2002 y el 3 de setiembre de 2003. Mediante la creación de un registro especial, el Gobierno determinó que existen unos 13 mil casos en estas circunstancias con una deuda que ronda los 550 millones de pesos.

El proyecto de ley abarcará a todos los deudores hipotecarios, se hayan inscripto o no en el registro, e incluso a aquellos que hubieran tomado el crédito fuera del circuito financiero formal.