EL GOBIERNO APURA AL BANCO MUNDIAL PARA FRENAR CRÉDITOS

El gobierno de Néstor Kirchner resolvió enviar una nota al Banco Mundial (BM) para que apure un estudio de impacto ambiental acumulativo de las papeleras Botnia y ENCE, que se radicarán en Uruguay, al tiempo que procurará mediante ese recurso que “no haya financiamiento de ninguna clase” a las empresas.

El canciller Jorge Taiana se reunirá hoy con los técnicos y expertos en temas ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores para definir los detalles de la nota que enviará al BM.

La nota estará dirigida a la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende del BM. Ese mensaje será enviado entre hoy y la semana próxima, según dijo a LA NACION una alta fuente de la Cancillería.

Será, en rigor, una respuesta al informe de expertos canadienses que difundió la CFI la semana última y que consignaba que falta información para determinar el grado de contaminación acumulada que producirán las dos plantas papeleras radicadas en Fray Bentos.

“Queremos pedirle a la CFI que apure los estudios que ella misma dice que faltan”, dijo a LA NACION un funcionario oficial. El grupo de técnicos argentinos está coordinado por el director de Medio Ambiente de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela.

La estrategia de fondo del Gobierno, tal como anticipó LA NACION el domingo último, es “que no haya financiamiento de ninguna clase” a Botnia y ENCE, confirmaron las fuentes consultadas.

“Se pedirá al BM y a todos los bancos que no se financien proyectos que no son sustentables desde el aspecto ambiental”, agregaron. La decisión del BM, en este sentido, será una guía para otros bancos, que deben requerir la bendición de la CFI antes de aprobar un crédito.

Taiana prepara en paralelo la demanda contra Uruguay en la Corte Internacional de La Haya. Todo apunta a enturbiarle el panorama a las empresas con los bancos. Incluso, la Casa Rosada -confió un alto funcionario a LA NACION- gestiona en forma directa ante los bancos para que no asistan a las empresas.

En ese sentido, se dijo, el ING Group, que lidera el grupo de entidades que financiarían a Botnia, ya habría resuelto suspender los créditos. Y el Gobierno también hace gestiones en contra de las pepeleras ante el Banco Bilbao Bizcaya (BBV), que lidera otras entidades que financiarían a ENCE.

El ING Group y el BBV adhieren a los Principios de Ecuador, una serie de parámetros y normas de resguardo medioambiental. Las entidades que lo suscriben no pueden financiar proyectos que incumplan esos principios, lo que ocurre con las papeleras uruguayas, según argumenta la Argentina.

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), que preside la abogada Romina Picolotti, asesora de Entre Ríos, presentó sendas demandas a los bancos por violar esas normas.