El Gobierno apura el pliego de Carlés, aun sin los votos

La postulación será aprobada mañana en una comisión del Senado, pero fracasaría en el recinto.

 

Sin los votos para imponer en el recinto del Senado su designación, pero con las firmas suficientes para emitir dictamen en la Comisión de Acuerdos, el oficialismo se dispone a avanzar mañana con la audiencia pública en la que Roberto Carlés defenderá la nominación, propuesta por Cristina Kirchner, para ocupar el lugar en la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante por la renuncia de Raúl Zaffaroni.

 

El caso Carlés se propone como una suerte de crónica de una muerte anunciada, ya que pasará la prueba de la Comisión de Acuerdos, donde el kirchnerismo tiene mayoría, pero todo indica que su pliego fracasará cuando sea debatido en el recinto, el próximo 8 de abril. Ocurre que para designar a un juez de la Corte se requiere el voto de los dos tercios de los presentes, y el oficialismo no los tiene. En contra de Carlés pesa el acta que 28 senadores de bloques de la oposición firmaron en noviembre pasado, cuando anticiparon su rechazo a designar miembros del máximo tribunal de justicia hasta que no asuma el próximo gobierno. Según pudo comprobar La Nación, el “Compromiso de los 28”, como bautizaron al escrito, se mantiene firme.

 

Pero también es firme la orden de la Casa Rosada al bloque oficialista: avanzar con el pliego aun a sabiendas de que no tienen los votos necesarios. “La hoja de ruta pautada es hacer la audiencia el martes [mañana] y llevar el dictamen al recinto el 8 de abril”, afirmó a La Nación el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Rodolfo Urtubey (FpV-Salta).

 

Con estas cifras, la aritmética muestra que el kirchnerismo no podrá designar a Carlés en un cuerpo integrado por 72 miembros.

 

Sin embargo, la matemática política se mueve por caminos diferentes y de maneras misteriosas. El requisito constitucional establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes, por lo que la verdad se sabrá recién a la hora de la votación en el recinto.

 

Por eso a nadie extrañó que en los últimos días se hayan registrado movimientos que pusieron en un primer plano la nominación de Carlés.

 

Al raid mediático del candidato en medios oficialistas se sumó la estratégica foto de Carlés en una audiencia en el Vaticano con Francisco.

 

Como si esto fuera poco, el embajador argentino en la Santa Sede, Eduardo Valdés, ha llamado al menos a un par de senadores de la oposición para pedirles que apoyen al joven de 33 años propuesto por la Presidenta para la Corte Suprema de Justicia.

 

Las llamadas telefónicas no sólo llegaron desde la legación argentina en el Vaticano. Al menos tres senadores confiaron a La Nación que un abogado de una ciudad del interior bonaerense llamó a sus despachos para hablar del pliego de Carlés y dejar el siguiente recado: “Dígale al senador si ya recibió el mensaje del Papa”.

 

Sin embargo, la oposición no afloja. “Nosotros ratificamos nuestro compromiso de que no vamos a designar, mientras la Corte siga funcionando, a ningún juez hasta que no asuma el próximo gobierno”, sentenció el jefe del bloque UCR, Gerardo Morales (Jujuy), en diálogo con La Nación.

 

El líder radical agregó la extrema juventud del candidato como otro de los argumentos en su contra. “Carlés no tiene la experiencia para ocupar el cargo”, sentenció.

 

Desde el peronismo disidente también confirmaron que el Interbloque Federal -que integran, además, un senador del MPN y otro del Movimiento Popular Fueguino- sentará a sus ocho integrantes a votar en contra de Carlés. La lista incluye a la peronista puntana y católica devota Liliana Negre de Alonso, a quien usinas oficialistas intentaron ubicar en los últimos días como un voto permeable a las supuestas directivas del Papa en apoyo del candidato a juez supremo.

 

Inmovilidad

 

Sin embargo, el movimiento demostrado por Valdés contrasta con la quietud que se vive en los despachos oficialistas del Senado. “Nadie de Gobierno nos ha pedido que salgamos a buscar votos”, confió un senador kirchnerista a La Nación. “Es como si quisieran que fracasara”, agregó, sorprendido.

 

Mientras la política hace su trabajo de cara a la votación del 8 de abril, el pliego de Carlés suma impugnaciones y adhesiones.

 

Desde el Poder Ejecutivo, el pliego salió con las adhesiones de 117 instituciones y 843 particulares y el rechazo de 25 instituciones y 153 particulares. En la Comisión de Acuerdos del Senado se sumaron otras ocho impugnaciones y una docena de adhesiones.

 

Una de las impugnaciones es de la diputada Laura Alonso (Pro-Capital), que objeta “la clara afiliación partidaria de Carlés”, acusación que el candidato rechaza (como se informa por separado).

 

“Tener opinión política no tiene que ser identificación partidaria, y Carlés la tiene. La Corte no puede tener un juez militante”, sentenció Alonso en diálogo con LA NACION, tras lo cual calificó su nominación como “el paroxismo de la dedocracia kirchnerista: la Presidenta designa a dedo a un delegado designado a dedo por Zaffaroni”.

 

En sintonía con la postura de la UCR marcha la impugnación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que señala que Carlés “no reúne los antecedentes mínimos necesarios ni siquiera para ser juez de la Cámara de Casación”. La entidad también objetó que “no cuenta con la independencia exigida para ejercer de manera adecuada el cargo”.

 

Por último, también se sumó una impugnación en defensa del cupo femenino en la integración del tribunal, impulsada por las ex legisladoras nacionales Marcela Durrieu y Liliana Gurdulich de Correa.

 

Según Durrieu, la vacante debería ser ocupada por una mujer en virtud de tratados internacionales firmados por el país que obligan a garantizar la diversidad de género en el tribunal, compuesto en la actualidad por tres hombres y una mujer.

 

“En caso de proceder la candidatura del doctor Carlés u otro candidato varón, además de violarse la normativa vigente nos encontraríamos ante un claro retroceso del impulso efectuado por las doctoras Highton de Nolasco y Argibay Molina en esta década en materia de género”, afirmó Durrieu.

 

El gobierno, con proyectos para la Justicia

 

Los borradores ya empezaron a circular por algunos despachos de legisladores y los rumores son cada vez más fuertes: el Gobierno prepara una nueva batería de proyectos relacionados con la Justicia, que incluye la redacción de nuevas iniciativas y la reanudación del debate de otras que habían quedado en el olvido, a la espera de mejores tiempos para su debate.

 

Entre las nuevas iniciativas que enviaría el Ejecutivo al Congreso, fuentes parlamentarias confiaron que desde hace unos días circulan los borradores del proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal y de reforma del Ministerio Público Fiscal, la estructura a cargo de la procuradora Alejandra Gils Carbó. También se dice que el oficialismo reflotaría el debate de un nuevo Código Penal, de perfil más garantista.

 

 

 

Fuente: La Nación