EL GOBIERNO APURA LA ANULACIÓN DEL INDULTO A FAVOR DE MARTÍNEZ DE HOZ

El Gobierno nacional explicó ayer los fundamentos del pedido de inconstitucionalidad del indulto dictado por el ex presidente Carlos Menem a favor del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz. El pedido, tal como anticipó Clarín el domingo, había sido presentado en una causa por el secuestro de dos empresarios, durante la dictadura, y también involucró al ex dictador Jorge Rafael Videla y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

La explicación estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien en una conferencia de prensa realizada ayer consideró que existió un “un concierto criminal” entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y el establishment económico de esa época.

“En los próximos días haremos nuevas presentaciones judiciales, porque entendemos que esto fue un concierto criminal donde simplemente hubo distribución de distintas funciones que hace responsable a Martínez de Hoz de los mismos delitos por los que fueran condenados los miembros de la primera Junta Militar”, señaló el funcionario.

Los ex miembros de la dictadura estuvieron procesados por el secuestro de dos empresarios, Federico Gutheim y su hijo Miguel entre 1976 y 1977, pero la causa se frenó en 1990, por los indultos que firmó Menem. La investigación pudo ser reabierta por el juez federal Norberto Oyarbide tras la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Entre los argumentos que le dio a la prensa, Duhalde señaló que “hubo una unidad en el accionar represivo del Estado y la implementación de la política económica” de la dictadura. Los indultos permitieron a la Justicia declarar el sobreseimiento de los acusados, en un proceso en el que Martínez de Hoz llegó a estar 77 días detenido.

El pedido de inconstitucionalidad de esos decretos es “el punto de partida que podemos adoptar ante este concierto criminal entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los beneficiarios de este sistema económico, integrantes del establishment representados por Alfredo Martínez de Hoz en la etapa oscura y siniestra de la historia argentina”, señaló Duhalde.

“Hemos planteado la nulidad de los indultos en el caso de los tres, y lo hacemos no porque el PEN no tenga la facultad de indultar sino porque estos indultos ligados a crímenes aberrantes y de lesa humanidad son sustantivamente ilegales como lo fueron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, subrayó.

Según el funcionario, “no se podía pedir la condena sin atacar la legitimidad de aquellos indultos que construyeron un muro de impunidad a su alrededor”.

Gutheim padre e hijo fueron detenidos y puestos a disposición del PEN en noviembre de 1976, y en abril del año siguiente fueron liberados, por medio de decretos que pretendieron “darle cierta apariencia de legalidad al encarcelamiento ya materializado”.

“No podemos diferenciar la responsabilidad como autores mediatos de los comandantes en jefe del comandante en jefe de la economía”, señaló Duhalde, y anticipó que habrá nuevas acciones judiciales para determinar “la corresponsabilidad de Martínez de Hoz” en otras causas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, estimó ayer que es “posible” que se declare la “inconstitucionalidad” de los decretos de indulto que en 1990 beneficiaron al dictador Videla y a los ex ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy.

“Entiendo que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la que han venido sosteniendo otros tribunales, es posible que realmente se declare la inconstitucionalidad de los indultos”, señaló, tras asistir a la apertura del Seminario Interamericano sobre Gobierno Judicial, en la Facultad de Derecho.

Por otra parte, ayer el fiscal federal Federico Delgado explicó que “siempre” estuvo a favor de la declaración de nulidad de los indultos dictados por el ex presidente Menem para ex jerarcas de la última dictadura militar y recordó que “fuimos los primeros que logramos que un juez —Rodolfo Canicoba Corral— así lo declarara”.