EL GOBIERNO APURA SU PROYECTO PARA DEROGAR LA REFORMA ELECTORAL

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, llevarán el martes a la reunión del bloque de senadores del PJ el proyecto definitivo de derogación y reemplazo de la cuestionada reforma laboral de 2000. El objetivo: que se lo apruebe en sesiones extraordinarias en la tercera semana de febrero, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados.

Así se lo anunció ayer Fernández a los titulares de los bloques oficialistas de senadores, Miguel Angel Pichetto, y de diputados, José María Díaz Bancalari, quiene participaron en la rueda de consultas y consenso para la elaboración del proyecto, junto con las dos CGT y la CTA.

La concurrencia de Fernández y Tomada a la reunión de la bancada de los senadores justicialistas coincidiría con la formalización de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Néstor Kirchner.

Las extraordinarias contemplarían algunos otros temas, como la ley que convertiría a todos los ciudadanos en donantes de órganos, salvo que expresamente indiquen lo contrario, o la que fijaría un aumento en los impuestos a la producción y comercialización del tabaco.

Pero el interés fundamental del Gobierno está centrado en una rápida aprobación de este proyecto de derogación y reemplazo de la reforma laboral impulsada en 2000 por el gobierno de Fernando de la Rúa, teñida desde el principio de las sospechas por el pago de sobornos para conseguir su aprobación.

Algunos participantes de las reuniones de los últimos días sostenían ayer que el texto definitivo del proyecto ya está en el escritorio del presidente Néstor Kirchner, para que le dé el visto bueno en las próximnas horas. Otros aseguraban que Tomada —quien ayer se reunió con la CTA y la CGT— se lo entregará hoy.

En todo caso, ese texto —Díaz Bancalari lo caracterizó ayer como “el primer escalón en la recuperación de los derechos de los trabajadores”— no habría sido consultado con los sectores empresarios por disposición del propio Kirchner.

Aunque ayer, en el Congreso, también se afirmaba que el proyecto está en poder del abogado de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, uno de los padres espirituales del proceso de precarización de las relaciones laborales desarrollado en los últimos años.