EL GOBIERNO ASEGURA QUE LOS PRECIOS ESTÁN BAJO CONTROL

Un día después de que se conociera la sorpresiva suba en el costo de vida de junio -que llegó al 0,9 por ciento- distintos funcionarios del Gobierno intentaron quitarle dramatismo al aumento de precios y tuvieron que aclarar que la inflación se encuentra bajo control.

Economistas y analistas consultados por LA NACIÓN coincidieron con la visión oficial en que la situación actual no tiene puntos de contacto con la espiral inflacionaria que se vivió en la década del 80. Sin embargo, destacaron los efectos negativos que tiene esta aceleración de los precios, que van desde un aumento en los niveles de pobreza hasta un desaliento a la inversión, pasando por un incremento de la deuda externa y una mayor conflictividad laboral, por las presiones para un aumento de salarios.

“El gran reto es reducir la inflación para fomentar la inversión”, explicó ayer José Barrionuevo, director de estrategia para Mercados Internacionales del banco británico Barclays, en un seminario sobre deuda. El ejecutivo, que fue uno de los asesores del gobierno argentino en la última reestructuración de la deuda, explicó que el mayor desaliento para el inversor es la inestabilidad de precios, una vez superado el default y mientras “se avanza” hacia acuerdos para subir las tarifas de servicios públicos.

Por su parte, el economista Orlando Ferreres señaló que la mayor inflación también frena proyectos de inversión porque les resta rentabilidad a las compañías, que continúan tributando como si los precios estuvieran congelados. “Con una inflación de dos dígitos cobran más fuerzas los reclamos de las empresas que exigen un ajuste a la hora de pagar ganancias”, destacó el ex viceministro de Economía.

El desaliento a las inversiones también se retroalimenta con una mayor conflictividad social. “Para que una economía funcione la inflación no puede superar el 10 o 12% anual, porque a partir de esa barrera aumentan los reclamos salariales y se dificulta realizar hasta cosas simples como un contrato de alquiler”, explicó el economista Pablo Rojo. El ex presidente del Banco Hipotecario además destacó que los hogares de menores recursos son los más castigados por este recalentamiento de los precios y que “por cada punto de inflación 60.000 familias caen por debajo de la línea de la pobreza”.

El salto del índice de precios minoristas de junio tampoco es un buen dato para el Tesoro toda vez que, tras la reestructuración de la deuda que estuvo en default y las últimas emisiones (por ejemplo, la del Boden 2014, del que hoy se colocará otra parte), el 38% del pasivo quedó atado a la evolución de la inflación, ya que se indexa según la variación del CER, un índice creado tras la devaluación para actualizar las deudas entonces pesificadas y que traslada con cierta fidelidad (aunque con retraso) la variación del IPC.

Según estimaciones de mercado, el incremento de este stock supera los 1260 millones de pesos cuando se aplica el 0,9% de inflación de junio, el mayor incremento desde marzo, cuando por el rebrote del 1,5% en los precios había crecido en unos 2100 millones. El consuelo es que, por el mismo efecto inflacionario, la recaudación impositiva tendría que crecer, aunque nadie cree que lo pueda hacer al mismo ritmo que el stock de la deuda indexada.

DEFENSA DE LAVAGNA

Frente a la preocupación de los economistas y analistas, en el Gobierno relativizaron los efectos de la suba. La defensa oficial fue encabezada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, que señaló que “la inflación está en una situación de razonable control”.

Además destacó que “la transferencia de la devaluación a los precios ha sido la menor comparada con otras crisis argentinas, e incluso con las crisis que tuvieron México y Brasil”. En la misma línea que su jefe, el subsecretario de Programación Económica, Sebastián Katz, opinó que “no hay un cambio de tendencia en la inflación” y afirmó que se registraron “saltos discretos de precios rezagados” después de la devaluación de 2002.

El funcionario destacó que el Gobierno planea continuar con los convenios sectoriales. En ese sentido, señaló que se está negociando la renovación del acuerdo por la carne avícola, mientras que se discute con los productores lácteos, ya que éstos reclaman la suspensión del pacto por la suba de los precios internacionales.

En cambio, explicó que no buscará por ahora un nuevo acuerdo por la carne vacuna porque en esta época del año suelen registrarse bajas estacionales de los valores.

Por su parte, la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, señaló que desde su organismo intensificarán los controles para evitar las situaciones distorsivas que existen en algunos mercados y destacó que se mantendrán los acuerdos que ya hay en 17 provincias para ofrecer una canasta social de alimentos a precios congelados.