EL GOBIERNO BUSCA DAR GARANTÍAS AL ACTO COMICIAL DEL 7 DE SEPTIEMBRE.

El director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, estará el próximo jueves en Santa Fe para reunirse con las autoridades provinciales a los fines de organizar el desarrollo y control de las elecciones del 7 de setiembre próximo.

En los últimos días, el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, y el subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, llevaron a cabo una serie de gestiones tendientes a ofrecer las garantías necesarias con miras al proceso electoral.

Al efecto se ha requerido la colaboración de la asociación Conciencia y se pidió asesoramiento a Nueva Mayoría. Vera también estuvo en contacto con funcionarios de la OEA, con la coordinadora ejecutiva de la unidad para la Promoción de la Democracia y el área de Fortalecimiento de Sistemas y Procesos Electorales.

“Atentos a la preocupación de algunos partidos políticos en torno de que dudan de la claridad del proceso electoral, hemos decidido que -más allá de los distintos controles en cada elección, desde los fiscales de mesa, fiscales generales, etc. y el consecuente escrutinio definitivo-, vamos a convocar a observadores electorales, de modo que monitoreen o auditen el proceso en todas sus etapas”, confirmó Vera a El Litoral, dando cuenta de las gestiones llevadas a cabo a partir de las instrucciones del gobernador Carlos Reutemann.

El propio Tullio confirmó la visita del 7 de agosto, que incluirá contactos con los partidos políticos. Y, al tomar como punto de partida las prevenciones expuestas por algunos dirigentes, consideró que se debe diferenciar con claridad “lo que son reclamos de los partidos respecto del sistema electoral (que es una cuestión legal) de la posibilidad de que se cometa fraude, que son hechos que de ninguna manera pueden ocurrir”.

En la misma línea, Vera recordó que se contará con un software específico, que estará también en manos de los partidos políticos y con copia en sobre lacrado en el Tribunal Electoral, para impedir cualquier posibilidad de maniobras informáticas.

Competencias

Más allá de eso, en la reunión del jueves las autoridades nacionales y provinciales definirán concretamente la distribución de competencias en cuanto al operativo, los controles e incluso el escrutinio provisorio.

En cuanto a este último punto, y a partir de algunas versiones en contrario, el presidente del Tribunal Electoral, Rafael Gutiérrez, confirmó a El Litoral que la provincia lo llevará a cabo con respecto a todas las categorías de cargos provinciales y municipales -que son los regidos por la ley de Lemas-, en tanto la Justicia federal se ocupará de la elección de diputados y senadores nacionales. Precisamente, según pudo comprobar este medio, tal distribución quedó acordada entre los funcionarios de ambas jurisdicciones.

Gutiérrez, el camarista Jaime Belfer y el juez federal Reynaldo Rodríguez mantuvieron ayer una reunión con los apoderados de los partidos políticos para definir algunas cuestiones formales. Principalmente las características y la cantidad de boletas que cada fuerza deberá presentar el próximo viernes 8 de agosto ante el Tribunal Electoral, para someterlas a su aprobación.

Tarea permanente

Cabe consignar, por lo demás, que en la provincia funciona la Comisión Permanente de Escrutinio Provisorio, coordinada por el subsecretario de Justicia e integrada por la Dirección de Informática, la de Comunicaciones, la Subsecretaría de Información Pública, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, la Policía de la Provincia y la Secretaría de Estado General, además de la Secretaría del Tribunal Electoral.

En tanto, en forma previa al arribo del funcionario nacional, habrá otras reuniones durante la semana en Buenos Aires tendientes a dejar establecidas cuestiones formales y también aspectos económicos.

Responsables

El Tribunal Electoral se encargó de exigir a los distintos sublemas que requirieron reconocimiento provincial la designación de un responsable económico financiero y un responsable político de campaña, tal cual lo establece la ley N° 12.080 en uno de sus primeros artículos.

La norma establece que “los responsables económico-financieros y políticos de los sublemas serán solidaria y personalmente responsables ante la autoridad de aplicación por las multas que se hubieren impuesto a los mencionados sublemas. Los partidos políticos que fueren sancionados por incumplimientos atribuibles a uno o más de sus sublemas podrán repetir los daños y perjuicios que se le ocasionaren, contra los responsables económico-financieros y políticos del o de los sublemas sancionados”.