EL GOBIERNO BUSCA REGULAR LOS PRECIOS DE LAS PREPAGAS

El superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, señaló que antes de que termine este año ese organismo comenzaría a tener autoridad para controlar a las empresas de medicina prepaga, con las que se intentaría una concertación de precios para tratar de evitar nuevos aumentos de las cuotas que pagan los afiliados.

Además, el funcionario adelantó que se dispondrán más requisitos formales para que los trabajadores ejerzan el derecho a cambiar de obra social, y agregó que se estudia la posibilidad de disponer de algún tipo de exención impositiva a entidades prestadoras de salud, para evitar que eventuales alzas en las tarifas que las clínicas les cobran a obras sociales y prepagas impacten en el índice de precios al consumidor.

El objetivo de actuar como barrera de contención para evitar que una suba de los costos sanitarios se refleje en el porcentaje oficial de inflación es una de las mayores preocupaciones de la gestión. Por estos días, desde el sector prestador se escuchan fuertes reclamos por una actualización de los aranceles que, según dicen, no fueron adecuadamente ajustados tras la devaluación. Y, por otra parte, referentes de las prepagas admiten que podría haber ajustes de cuotas una vez por año -sería en enero-, para mantener la calidad de los servicios.

En una entrevista con LA NACION, Capaccioli aseguró que tiene amplias expectativas de que “durante el segundo semestre” de este año se apruebe la ley de regulación de la medicina prepaga. A partir de allí, la Superintendencia -que hoy ejerce funciones de regulación y control sólo sobre las obras sociales- tendría facultades para fiscalizar a la actividad privada, tanto en los aspectos prestacionales como económico-financieros, jurídicos y de la relación con los afiliados. A partir de sus nuevas facultades, el organismo intentaría llegar a un acuerdo sobre la política de precios, hoy sin regulación.

Según el superintendente, el proyecto de ley, que ya tiene media sanción en el Senado, responde, en líneas generales, a las políticas que busca aplicar su gestión. La Secretaría de Defensa del Consumidor tendría también injerencia, por tratarse de contratos individuales.

“Estamos teniendo consenso con los propios empresarios”, agregó. Y consideró que un acuerdo con los distintos sectores de la salud y una mayor presencia del Estado son clave para detener la judicialización del régimen: “Hoy son los jueces los que les están diciendo a las obras sociales y a las prepagas qué tienen qué hacer, y esto pasa porque falta el control del Estado y falta acuerdo entre los distintos sectores”, apuntó.

Evitar irregularidades

Con respecto a los cambios para optar por una obra social, Capaccioli señaló que el objetivo de la medida es anular la posibilidad de que existan irregularidades y fraudes.

“Muchas opciones, en lugar de hacerse en las obras sociales, se hacían en la oficina de personal de la empresa o las hacían algunos promotores que no tenían escrúpulos”, justificó. Por eso, a partir de un acuerdo que se analiza firmar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el objetivo es que el beneficiario, una vez que haya hecho su opción, la ratifique concurriendo a una unidad de atención del organismo de la seguridad social. Se sumaría entonces un paso más al trámite.

Además de ese ajuste en el requisito formal para ejercer la opción, se permitirá a un trabajador que haya hecho un cambio volver a su obra social de origen, sin necesidad de que se cumpla el plazo de un año que hoy se exige para ejercer un nuevo traspaso.

-¿Cómo evalúa el nivel de cumplimiento de las prestaciones?

-Somos el organismo de control, regulación y asistencia técnica de 300 obras sociales, con casi 14 millones de beneficiarios. Hay obras sociales que están cumpliendo plenamente con sus prestaciones y hay algunas que, producto de la crisis, están con algunos cortes de servicios parciales, por lo que tenemos más de 40 auditorías permanentes en las obras sociales. Desde el punto de vista económico, las obras sociales tienen hoy una mayor recaudación y están en un momento en que podrían volcar recursos a brindar más y mejores servicios.

-¿A cuántos beneficiarios están afectando los cortes de servicios?

-Hay un promedio de 500 denuncias mensuales y la obra social bancaria encabeza el ranking de quejas, pese a ser muy prestigiosa. Los beneficiarios igual no están cautivos; pueden optar por cualquier otra obra social.