EL GOBIERNO COMPROMETIÓ SU AYUDA PARA LOS DEUDORES NO BANCARIOS

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo ayer que los deudores hipotecarios que tomaron créditos para la vivienda por afuera del sistema financiero estarán incluidos en el proyecto de ley que diseñó el Gobierno para aliviar la situación de más de 13.000 familias que están en mora con bancos o escribanías.
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El funcionario adelantó que “probablemente” esta semana el Ejecutivo mande al Congreso el demorado proyecto de ley. En el Ministerio de Economía quieren imprimirle velocidad porque la situación hoy pende de un hilo. O, mejor dicho, de un acuerdo de palabra entre el Gobierno y las tres asociaciones que agrupan a los bancos, que se comprometieron a mantener en suspenso las ejecuciones hasta que el Congreso sancione la ley.
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“Probablemente esta semana vamos a enviar el proyecto al Congreso. Está en la fase de redacción final. No tiene mayores modificaciones de las que ya trascendieron. Estarán todos incluidos”, dijo cuando se lo consultó sobre la situación de los deudores no financieros. De todas maneras, no dio precisiones sobre cómo quedó la redacción del documento, ya que una vez diseñado el proyecto por Hacienda, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le hizo modificaciones.
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En la Casa Rosada ninguna de las fuentes consultadas pudo precisar si se introdujeron cambios de fondo, mientras que el jefe de Gabinete no respondió las llamadas de LA NACION.
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“Tal como salió redactado de Economía el proyecto atendía perfectamente las situaciones particulares del universo de deudores al que se quería llegar. Los cambios que se discutían no eran relevantes”, dijo una fuente que tiene diálogo con el Presidente y con Lavagna.
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El proyecto incluye a deudores que reúnan las siguientes características:
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Haber tomado un préstamo para comprar, construir o ampliar una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
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La mora se debió haber producido entre el 1° de enero de 2001 y el 2 de septiembre de 2003.
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Al momento de dejar de pagar, el capital adeudado debe ser de hasta 100.000 pesos. Esta es una de las modificaciones que se hicieron durante los últimos días. El borrador original decía que al momento de dejar de pagar la suma debía ser inferior a 80.000 pesos, algo que no prosperó.
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La superficie del inmueble afectado no podrá superar los 100 metros cuadrados.
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El deudor gozará de un plazo de un año de espera o gracia a partir del que deberá comenzar a pagar sus cuotas, conforme a un plan que tendrá en cuenta el ingreso del grupo familiar y el saldo del préstamo pendiente de pago. De todas maneras, hay que hacer la salvedad de que algunas fuentes consultadas dejaron abierta la posibilidad para que el período de gracia sea de tres años, aunque una fuente cercana a Lavagna lo negó de plano.
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Hipotecas
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La solución que diseñó el Gobierno consiste en la creación de un fondo fiduciario al que se transferirá la deuda de capital que hayan acumulado los deudores con bancos o acreedores privados (escribanías) y de lo que aún falte cancelar hasta la finalización del préstamo. El fiduciario, según dijo diez días atrás Alberto Fernández, no asumirá la deuda por intereses o punitorios que pudiera haberse generado en el período en mora, la cual debería ser condonada por los acreedores.
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Según los resultados que obtuvo Economía mediante el registro de ejecuciones hipotecarias, el Gobierno concluyó que de los 13.000 inscriptos las 3/4 partes de los casos son deudas con el sistema financiero y que las 2/3 partes de los inscriptos tenían deudas originadas en la compra o construcción de viviendas familiares.
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Por medio de la creación de ese registro especial, el Gobierno determinó que los 13.000 casos acumulan una deuda total de unos $ 550 millones.
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Ese listado también mostró que “más de la mitad de los casos habrían caído en mora con posterioridad a enero de 2001 y que más del 90 por ciento posee deudas inferiores a 80.000 pesos”.
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“Con esos datos como base se hizo el proyecto, por eso creo que la redacción que salió de Economía tenía lógica. Las modificaciones no deberían ser sustanciales”, dijo una fuente con llegada a Lavagna.
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En el acuerdo firmado en septiembre pasado con el FMI, el Gobierno prometió: “Para septiembre de 2003 planeamos formular medidas alternativas para brindar asistencia a los deudores (…) y nos aseguremos de que dichas medidas respeten los derechos de los acreedores y sean compatibles con las limitaciones fiscales”.