EL GOBIERNO CREE QUE NO HAY “HECHOS OBJETIVOS” PARA INTERVENIR SANTIAGO

Un día después del hallazgo de un archivo ilegal con datos de más de 30 mil personas en Santiago del Estero, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ratificó que el Gobierno no intervendrá esa provincia porque, consideró, que “hasta ahora no hay hechos objetivos” para hacerlo. En el mismo tono se pronunció el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aunque admitió que el descubrimiento realizado ayer es “algo demasiado grave”.

“Para que haya una intervención tiene que haber un hecho objetivo y hasta ahora ninguno de los hechos, que me pueden o no desagradar, son objetivos y demuestran que esté en compromiso la vida republicana de la provincia”, dijo Aníbal Fernández. Y agregó que para intervenir: “se tiene que contar con hechos contundentes”.

Al ser consultado sobre si no es un hecho objetivo que el caudillo justicialista Carlos Juárez haya sido nombrado ministro de Economía, con la supuesta intención de tener fueros, el funcionario dijo: “Por ahí no nos gusta lo que pasó, pero no es ilegal”.

Alberto Fernández, en tanto, explicó que “la intervención es el último remedio y de absoluta excepción”. Y reiteró que la decisión de no intervenir la provincia obedece a que “confiamos en que se encuentren remedios institucionales antes de que la Nación intervenga”.

En este sentido, el jefe de Gabinete aclaró que el Gobierno tiene la “vocación” de que exista un “remedio institucional” dentro de la provincia que “impida la intervención”, porque esta medida “implica una ruptura institucional”. Y agregó: “como defensores de las instituciones de la República, debemos recurrir a ella (a la intervención) en situaciones de última instancia”.

Sin embargo, el funcionario reconoció que el descubrimiento de este archivo ilegal con informes sobre políticos, abogados, periodistas y opositores al gobierno santiagueño “no ayuda al reordenamiento institucional” porque es un hecho “demasiado grave”.

Ayer, la crisis provincial se vio seriamente agravada cuando al allanar la Dirección de Informaciones, la D-2, quedó al descubierto una red de espionaje montada por el gobierno local para “espiar” a funcionarios, políticos, jueces, gremialistas, periodistas, religiosos, profesionales, opositores y personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos (www.clarin.com/diario/2004/04/06/p-01201.htm).

En ese lugar funcionaba un archivo ilegal –denominado “la Gestapo santiagueña”- con datos sobre 30 mil personas, entre los que figuraban el vicegobernador Joaquín Botta, los senadores nacionales José Zavalía y Mario Rubén Mera (PJ), César Iturre, hijo del ex gobernador del mismo nombre; el presidente de la bancada juarista de Diputados, Angel Bagli y Luis Santucho, abogado de la familia Villalba, entre otros.

Allí ordenada y clasificada en carpetas se encontró información detallada y precisa sobre las actividades sociales, culturales y políticas de las personas investigadas.