EL GOBIERNO DARÍA A CONOCER UNA OFERTA DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Nueve meses después de que el río Salado entrara a la ciudad de Santa Fe por un sector donde debió haber un terraplén, el gobierno provincial cerró, en lo formal, el conflicto con los damnificados de la inundación. Lo hizo a los apurones, como le salió, sin cuidar los más mínimos detalles. Con mucho esfuerzo logró su objetivo: tener cerrado ese frente el jueves de la semana pasada para entrar de lleno a partir de hoy en la negociación con los gremios estatales, los mismos que le dieron como plazo el mes más corto del año para concretar un aumento salarial.

El gobierno provincial dará a conocer entre hoy y mañana una oferta de suba de sueldos y esa será la campana de largada al durísimo tironeo que le seguirá. Así como los estatales arrancaron pidiendo una cifra alta, el gobierno empezará ofreciendo una baja. En el medio surgirán los grises. Algo es seguro: es predecible que las conducciones gremiales terminen cerrando una cifra posible más que deseable, lo cual hace suponer que no será la última discusión salarial que la administración Obeid tenga que afrontar con los empleados públicos, muchos de los cuales perciben ingresos que están por debajo de la línea de pobreza.

El atraso salarial en el sector público es irremontable para un Estado y más para uno que tiene cuentas pendientes a la vuelta de cada esquina.

Ésa es la obsesión de Jorge Obeid: poder sacar la cabeza afuera del agua, cerrar de una vez por todas el cúmulo de conflictos heredados y empezar a trabajar sobre las principales propuestas de su campaña electoral.

Por eso en la Casa Gris y en la bancada oficialista vivieron la sanción de las modificaciones a la ley de reparación económica como si Unión hubiera vuelto a la primera división. No fueron pocos los legisladores de la oposición que repasaron el inventario de baches e injusticias que presenta la nueva normativa. Pero Obeid gobierna en estos primeros meses con la urgencia de los incendios y eso, entienden en el oficialismo, se resuelve cerrando los ojos, apretando los puños y dándole para delante. Cueste lo que cueste.

La solidaridad que a la fuerza ejercita el resto de la provincia con los privilegios de la capital provincial, día a día, en el trágico trance de la inundación, fue voluntaria y a conciencia. Una vez más la dirigencia política de la ciudad no respondió a la altura de las circunstancias. Fue el senador radical Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal, el que hizo mención al costado más deshonroso de la ley al hacer notar que a partir del jueves pasado la vida de un ciudadano de la capital vale más que la de un ciudadano del resto de la provincia. El senador citó el caso de tres personas que perdieron la vida a causa de la inundación en su departamento, concretamente en los pueblos de Las Palmeras, La Lucila y Villa Saralegui, entre ellas una niña. Esas pérdidas no serán compensadas económicamente al igual que los inmuebles, muebles, mercaderías, herramientas y producciones agrícolas. Es más que elocuente la crónica que el propio diario El Litoral publicó en su edición del viernes bajo el título: “Los muertos de San Cristóbal”.

La ley de reparación económica es un oprobio: sólo alcanza al departamento La Capital y a un puñado de localidades de Las Colonias, cuando ya la ley votada en el Congreso nacional tras la tragedia, en la que la Nación se impuso aportar cifras millonarias, se habla de más de 50 localidades de 9 departamentos de la provincia.

Al final se terminó aprobando un resarcimiento económico al boleo, a los ponchazos, con el fin de sacarse el conflicto de encima. En medio de una orfandad política que lo angustia, Obeid busca la fórmula para deshacerse de los problemas heredados, algunos de ellos con un alarmante nivel de conflictividad.

Una ley de Punto Final de la inundación, como la describió el jefe del bloque del Partido del Progreso Social, Oscar Urruty, está demostrado, no es garantía de que las heridas cerrarán definitivamente. El cálculo del gobierno es que con este resarcimiento a lo sumo quedará algún núcleo menor y aislado de conflicto que puede manejarse con un poco de muñeca política.

En ese esmero por sacar la cabeza afuera del agua, la nueva barrera del gobierno es el conflicto con los empleados públicos. Las conducciones gremiales, presionados y en algunos casos sobrepasados por las bases, lo intimaron a que otorgue un aumento salarial antes del fin de febrero. Es una tarea contrarreloj porque la trabajosa aprobación de la ley para los inundados le consumió más días del calend ario de lo esperado.

Poder empezar a trabajar sobre algunos de los puntos centrales de su campaña es el objetivo. Pero las demoras, fruto de errores propios y de la maraña de complicaciones, es un nuevo frente de tormenta que podría decepcionar a cierto sector de la sociedad, sobre todo en el sur provincial, que a lo mejor sin haberlo votado, tuvo una adhesión positiva a enunciados como la reforma de la Constitución y la derogación de la ley de lemas.

La primera pasó en un abrir y cerrar de ojos para 2005 o incluso 2006. Y la derogación de la ley de lemas empieza a sufrir postergaciones que, conociendo los antecedentes del PJ santafesino en materia electoral, preanuncian que se llegará a 2005 y los presidentes comunales no sólo se elegirán por un periodo de dos años, sino que surgirán del actual sistema electoral.

¿Podrá Obeid encaminar su gobierno quedando bien con todos los sectores? En el mundo de la política esta pregunta se escucha con insistencia. El reutemismo y el kirchnerismo no son lo mismo. Ni siquiera son compatibles y al final todos terminan desconfiando del mismo. Qué auspicioso hubiera sido ver el viernes en la Casa Rosada a un integrante del gabinete provincial acompañando a la delegación más numerosa del país de familiares de víctimas de diciembre de 2001.