EL GOBIERNO DEBERÁ RESPONDER ANTE UN INFORME APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de ayer un pedido de informes para que el gobierno de la provincia de Santa Fe responda sobre las víctimas y desaparecidos que dejó la catástrofe hídrica.

El mismo había sido presentado por la legisladora Lilian Puig de Stubrin y en su momento había sido rechazado por el presidente del Partido Justicialista en la provincia, Ángel Baltuzzi.

Asimismo, el Ejecutivo provincial deberá brindar detalles sobre la distribución de los elementos provenientes de la Nación como así también respecto de la asistencia sanitaria y económica brindada a los damnificados de la catástrofe hídrica.

A continuación, el texto completo del pedido de informes votado por la Cámara de Diputados de la Nación, que pretende esclarecer la situación de la seguridad y las victimas, durante la inundación.
La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que informe sobre los siguientes puntos:

1) Los informes presentados y coordinados por ante el Sistema de Seguridad Interior, de acuerdo a la Ley 24.059, sobre desapariciones, muertes y accidentados internados, durante la inundación de la ciudad de Santa Fe, desde el 28 de abril del año 2002.

2) Los informes específicos y determinados que dieran a conocer a su superioridad, por separado y en cada caso por: a) Ministerio de Salud b)los Ministerios integrantes del SSI, del Interior, Defensa y Justicia; c) el Gobernador de Santa Fe; d)la Policía Federal y la policía provincial de Santa Fe; e)la Prefectura Naval Argentina; f)la Gendarmería Nacional; y g)todos los servicios de Bomberos voluntarios, entidades de bien públicos, servicios médicos asistenciales privados que colaboraran en tal emergencia.

En todos los casos referidos se requiere tiempo, lugar, personal involucrado y actuaciones desempeñadas, y toda otra información que fuera relevante para obtener claridad sobre la participación pública y privada, y la detección de lo mencionado en el punto anterior.

3) La utilización concretada e informada hasta la fecha del Fondo Especial dispuesto por la ley 25.735, para la provincia de Santa Fe.

Diputados firmantes:Lilia Puig de Stubrin, Alicia Gutierrez,Sarah Picazo
Carlos Iparraguirre.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente :

A raíz de las inundaciones que impactaran a la ciudad de Santa Fe desde el 28 de abril del corriente año, las informaciones sobre la situación de seguridad y vida de las personas afectadas no han logrado trasladar a la opinión pública la certidumbre sobre las mismas. Más allá de las previsibles situaciones de rumores que pueden agrandar, deformar u ocultar las realidades de las personas, la información que fuera volcada por autoridades locales es puesta también en situación de duda por afectados y vecinos de la ciudad.

La intervención solidaria y ejecutiva que tuvieran las fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, y el mismo Ejército Argentino, además de la eficacia con que lo hicieran seguramente en todo el tiempo que requirieran de su acción en la zona afectada , han debido trasladar a su superioridad y por ende al Ministerio respectivo una información precisa sobre los resultados obtenidos, y particularmente sobre las estadísticas donde se reúnen personas afectadas, desaparecidas, muertas, y de toda situación que revele gravedad y precisión para ser informada.

Los datos oficiales reconocerían la existencia de sólo veintitrés personas fallecidas como consecuencia de la catástrofe de Santa Fe. Según la base de datos confeccionadas por la Escuela de Servicio Social, dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria y en cooperación con la Asociación de Trabajadores del Estado y la Universidad Nacional del Litoral la cifra se modifica hasta señalar aproximadamente mil quinientas personas desaparecidas.

Por otro lado el propio Gobernador de la provincia manifestó en forma pública que según datos que surgen del cruzamiento de datos informatizados, se pudo lograr el reencuentro de familias disgregadas, y disponer de las cifras de víctimas fatales que por razones de seguridad no se puede dar a conocer a la población, hecho este último que genera nuestra preocupación por la figura de ocultamiento de cadáveres, y la consecuente configuración de delitos contra la identidad y el estado civil de las personas que establecen los arts. 138 y 139 bis del Código Penal. Se descuenta por todo esto que es necesario un prolijo relevamiento de los distintos lugares de recepción de cadáveres, a saber: morgue de hospitales públicos y de cementerio, casas mortuorias y/o de instituciones privadas, para establecer cantidad, identidad, origen, vínculos familiares y sociales, y todo lo relativo a la importancia de las personas.

En conexión con los informes anteriores, es también necesario tener actualizado al día la utilización del Fondo Especial creado en el marco de la ley 25.735, ya que en el mismo se dispone la asignación de una partida de 150 millones de pesos para la reconstrucción y asistencia de la zona afectada, incluyendo la autorización especial para el alquiler de inmuebles. Esto último tiene directa relación con el reinicio de actividades de las personas, familias y colectivos involucrados en la catástrofe.

Sin dudas, Señor Presidente, estamos buscando devolver la seguridad que necesitamos todos, sin que desconozcamos al respecto los esfuerzos generales que hicieran todas las autoridades jurisdiccionales. Desde la vigencia de la Ley 24.059 funciona el Sistema de Seguridad Interior, que seguramente ha coordinado las acciones y obtenido información precisa sobre daños a bienes y personas de la zona afectada, tipo de colaboraciones obtenidas y datos relevantes para la vida y seguridad de las personas. Por lo mismo es necesario que se responda con prontitud y específicamente a lo que aquí dejamos planteado.