EL GOBIERNO DEFENDIÓ A ARGIBAY SIN POLEMIZAR CON LOS OBISPOS

El Gobierno salió ayer a defender la candidatura de la jueza Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Iglesia cuestionara el martes en un comunicado su posición favorable a la despenalización del aborto. Al mismo tiempo, un vocero eclesiástico buscó bajarle el tono a la polémica al sostener que ese mensaje de la Iglesia “no pretende ser una impugnación al nombramiento” de Argibay.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que la jurista “tiene derecho a pensar como piensa”. “Así como está la opinión de Argibay, está la de otros argentinos y la opinión histórica de la Iglesia, también respetable”, indicó.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete se mostró conciliador hacia los obispos. Descartó que el tema pueda generar fisuras en la relación del Gobierno con la Iglesia y recordó que llegado el momento, Argibay constituirá “una expresión que será la de un vocal de un tribunal de nueve miembros”.

El comunicado del Episcopado de anteayer evitaba el choque frontal y no nombraba a Argibay, pero dejó en claro el rechazo de la Iglesia a la posición de la jueza sobre el aborto y cuestionó en forma implícita su elección para la Corte. De manera individual, ya varios obispos habían criticado a la prestigiosa penalista y algunos llegaron incluso a reclamar el retiro de su postulación.

Pero ayer la Iglesia buscó un punto de equilibrio en la polémica. El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, dijo que la declaración del martes “no pretende salir al cruce de las declaraciones de ella (Argibay), sino como una cantidad de inquietudes que han ido apareciendo, pero no pretende ser una impugnación al nombramiento”, aseguró.

Agregó que “es una inquietud sobre una postura que hizo sobre el tema del aborto. La idea es reiterar una vez más la postura de la Iglesia con respecto a este tema”.

El comunicado había dicho: “Respetar la Constitución Nacional —que ‘excluye expresamente el tema del aborto’— es obligación de todos los argentinos y es función indelegable del Estado hacerla cumplir, y del Poder Judicial garantizar su cumplimento”.

El mismo Oesterheld había despejado ese día toda duda sobre quién era el destinatario de las críticas, al decir que el comunicado respondía a la polémica por los dichos de Argibay. También admitió que en la Iglesia “inquietó” que Argibay se hubiera definido “no atea, sino atea militante”. Ayer, el vocero reiteró ayer su opinión de que “la doctora Argibay tuvo una serie de declaraciones poco afortunadas”.

Aunque no hizo una impugnación formal, la Iglesia sentó de esta manera su posición sobre la candidatura de Argibay, a dos días de que venza el plazo de las presentaciones —contrarias o de apoyo— ante el Ministerio de Justicia (ver Cerca de…).

Argibay fue propuesta por el presidente Néstor Kirchner el 30 de diciembre, para cubrir la vacante que dejó en la Corte el renunciante Guillermo López.

En caso de pasar el filtro del Senado, Argibay se convertirá en la primera mujer en llegar al máximo Tribunal de Justicia durante un gobierno democrático. La anterior, Maragarita Argúas, lo hizo entre 1970 y 1973, en gobiernos militares.

Argibay tiene 64 años, y se define como una mujer “con tendencia más a la izquierda que a la derecha”. Ingresó a la Justicia en 1959, y se especializó en derecho penal. Fue secretaria de varios juzgados, y luego secretaria de Cámara. Fue detenida por la dictadura militar en 1976, y estuvo presa en la cárcel de Devoto nueve meses, a disposición del Poder Ejecutivo: “Nunca supe los motivos”, declaró.

La polémica por esta postulación parece haber influido sobre la demora de Kirchner en anunciar el candidato para reemplazar al destituido Eduardo Moliné. Hace veinte días, el Presidente admitió a este diario que le gustaría que fuera otra mujer, “y con un perfil ideológico de centro”.