EL GOBIERNO DEFIENDE EL USO DE DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
El Gobierno nacional salió a defender ayer la utilización de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). “Si la Constitución lo permite, y lo que dice es que (los decretos) los pone a disposición del Congreso, lo que se está haciendo es constitucional. Entonces no discutamos más”, sentenció el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
El ministro eludió aclarar por qué en el Congreso no se cumple en muchos casos con el trámite que establece la Constitución, a pesar de que es un cuerpo con mayoría del PJ.
Con las declaraciones de Fernández, el Gobierno fijó su posición por primera vez, luego de que el domingo Clarín anticipó que la Corte Suprema prepara un fallo para limitar los DNU que firma el Ejecutivo que no hayan sido ratificados por el Congreso como establece la Constitución. Al respecto, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni confirmó ayer que el asunto es tema de “preocupación del Tribunal”.
En su primer año de gobierno, Néstor Kirchner firmó más decretos de necesidad y urgencia (67) que Carlos Menem (64) y Fernando de la Rúa (38) en igual período. Consultado sobre si esta herramienta no debía ser sólo utilizada en casos excepcionales, Fernández puntualizó que “no dice eso la Constitución”. Y afirmó que “la doctrina, hasta el 94, decía que estos decretos tenían tres conceptos: la necesidad, la urgencia y la conveniencia para quien gobierna”.
Zaffaroni, por su parte, confirmó que el máximo tribunal estudia exigir un control del Congreso a los DNU, aunque evaluó que esa decisión no provocará “roces” con el Gobierno.
“No creo que pueda generarse algún roce; tampoco se está pensando en anular todos los decretos. Lo que hay en el clima del tribunal es que se cumpla con la Constitución”, aseguró Zaffaroni a Radio Continental.
En la Corte “circula el tema respecto de un decreto de necesidad y urgencia de hace unos años; es una preocupación del Tribunal”, admitió Zaffaroni en relación al fallo en estudio, que si bien está centrado sobre un decreto firmado por De la Rúa, tendrá consecuencias en la administración kirchnerista, que ya firmó 140 DNU desde que asumió.
Zaffaroni puntualizó que desde 1994 los DNU deberían estar bajo control del Congreso. “Se establece la formación de una comisión bicameral, pero da la impresión de que se sigue procediendo como antes de la reforma constitucional”, cuestionó.
Según un relevamiento de Poder Ciudadano, desde 1994 se presentaron en el Congreso 87 proyectos de creación de la comisión bicameral permanente de control de los DNU, pero nunca hubo acuerdo político para transformarlos en ley. Poder Ciudadano hizo notar la “tendencia abusiva” de los últimos presidentes a usar este mecanismo. Criticó al Congreso por incumplir un mandato constitucional desde hace once años —no sancionar la ley—, y su “literal abdicación de contralor político” del Ejecutivo.
El fallo de la Corte, que podría demorar unos meses, significaría un llamado de atención para el Gobierno, cuya recurrente apelación a los decretos de necesidad y urgencia ha sido blanco de críticas opositoras. Líderes como Elisa Carrió (ARI) y Ricardo López Murphy (Recrear) se manifestaron de acuerdo con un eventual fallo de la Corte que obligue a cumplir la Constitución y someta a control legislativo los DNU. Carrió sostuvo que el empleo de los DNU tiene que ser “restrictivo”; para Murphy, “las urgencias deben resolverse con leyes”.
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