EL GOBIERNO DEFIENDE LAS SANCIONES A MILITARES

Las sanciones dispuestas contra los militares que participaron de un acto en homenaje a las víctimas de la subversión en el que se reivindicó la represión ilegal realizado a fines del mes pasado en la plaza San Martín sigue generando reacciones, tanto en el Gobierno como entre los familiares de los oficiales afectados por los castigos.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue el encargado de defender las sanciones decididas la semana pasada por el Gobierno a través del Ministerio de Defensa.

Caldo de cultivo. El funcionario consideró que el Gobierno actuó “con la vehemencia que hace falta” al disponer los castigos y evaluó que en el Ejército hay “un caldo de cultivo donde este tipo de ideas prende”.

“Pareciera ser que hay un caldo de cultivo donde este tipo de ideas prende. Pero que haya habido seis oficiales [presentes en el acto y vestidos de uniforme] ya es lo suficientemente grave como para prestar atención”, indicó Fernández en declaraciones a radio Mitre.

En este contexto, Fernández defendío tanto la determinación de Kirchner como la dura advertencia que lanzó a los militares durante el acto por el Día del Ejército al cuando aseguró “no tenerles miedo” a los miembros de las FF.AA.

“Me parece que el Presidente ha sido categórico, con su discurso y con las sanciones”, justificó Fernández. Para reforzar su argumento completó el razonamiento con una sentencia categórica. “En los ejércitos no se dialoga, no se debate, se dan órdenes y se cumplen”, indicó.

Juicios. Por otra parte, atribuyó el clima de malestar que se vive en las Fuerzas Armadas a la reapertura de investigaciones por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo del Ejército, entre otras causas.

“Ante el hecho de que los juicios se aproximan, algunos reaccionan de este modo”, razonó el jefe de Gabinete.

Más sanciones. A los castigos dispuestos por el acto en la plaza San Martín se suman los castigos a los oficiales encargados de la seguridad en el acto en el Colegio Militar que Kirchner encabezó el lunes pasado por haber permitido el ingreso de Cecilia Pando, esposa del mayor Pedro Mercado, que fue echado del Ejército por la actividad política de su mujer que luego increpó al Presidente.

En este caso, los sancionados sólo son cuatro, el jefe de seguridad del operativo y los restantes custodios, aunque no se difundieron sus nombres.

Actos. En tanto, la presidenta de la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, Ana Lucioni, aseguró hoy que el grupo del que forma parte continuará realizando ceremonias para recordar a sus familiares asesinados durante la última dictadura militar, pero aclaró que lo hará “de forma en que nadie se sienta molesto”.

En este contexto, Lucioni negó que el acto del 24 de mayo pasado, con el que la comisión se presentó en sociedad, haya tenido alguna connotación “política”, y aseguró, en declaraciones a radio Rivadavia, que ella personalmente habló con el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, y que él le expresó que “había que homenajear” a los muertos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

La mujer insistió en que nunca estuvo de acuerdo “en lo más mínimo” con el terrorismo de Estado, y que eso lo dijo “mil veces”, pero afirmó que no renunciará a organizar actos de conmemoración de los militares muertos, como su padre, asesinado por Montoneros.

Más convocatorias. Se sumó así a la convocatoria que ayer había anunciado la propia Pando a protestar esta semana frente al Edificio Libertador, donde conviven el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el Ejército.

Además, para el 5 de octubre próximo, La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, que preside Pando, tiene previsto celebrar otro acto por el aniversario del ataque montonero al Regimiento de Infantería Monte 29, de Formosa, que tuvo lugar en 1975 y dejó 14 militares muertos.

Las sanciones

Las sanciones que avanzan por el acto del 24 para oficiales en actividad, son: 40 días de arresto para los capitanes Juan Lucioni, Gabriel Oesquer y Santiago Listorti; 31 días para los tenientes Juan Ferrero y Andrés Gaspar, y 20 días para el mayor Carlos Magnani, que no concurrió al acto, pero se lo responsabilizó por ser el jefe de los anteriores en la Compañía de Comandos 601.

Además, el Gobierno estudia sanciones para oficiales retirados que también estuvieron en la plaza San Martín.

Serían dados de baja el general (R ) Juan Giuliano, que preside la Unión de Promociones, y los coroneles Emilio Nani, Elio Neni, Guillermo Viola, Rodolfo Solís y José Chas. Para ese trámite, no obstante, se debe elaborar un sumario, que lleva un tiempo. La baja significa la automática pérdida de la condición militar, del grado y de los beneficios castrenses, haberes incluidos.