EL GOBIERNO DEFINE CÓMO ANULAR LAS CONCESIONES FERROVIARIAS

Tras la embestida lanzada por el presidente Néstor Kirchner contra los trenes de pasajeros y, como dijo, “sinvergüenzas que manejan equivocadamente las empresas privatizadas”, el Gobierno comenzó a delinear la “estrategia operativa” que se pondría en marcha en los próximos días para rescindir la concesión de los servicios que opera la empresa Metropolitano.

“La decisión política ya está tomada y sólo falta definir la forma y los tiempos para instrumentar la medida”, indicó ayer a Clarín una altísima fuente del Gobierno.

Según la evaluación oficial, el quite de la concesión a Metropolitano no le traería complicaciones legales al Estado porque la empresa arrastra una larga lista de incumplimientos y penalizaciones por la deficiente prestación de los servicios.

Si bien la intención inicial del Gobierno apuntaba a rescindir el contrato de la línea San Martín, en las últimas horas los funcionarios ampliaron el escenario de análisis al ferrocarril Roca, que desde hace una semana está operando en situación de “emergencia” por el incendio que destruyó el centro de control de los trenes.

“En estos momentos, estamos evaluando si la anulación de la concesión alcanza a los dos ferrocarriles o sólo a uno de ellos”, indicaron fuentes de la Casa Rosada.

Además de las líneas Roca y San Martín, Metropolitano también tiene a su cargo la operación del ferrocarril Belgrano Sur. Tras los últimos cambios accionarios, Metropolitano quedó bajo el control del grupo Taselli y de la constructora Ormas.

Pese a que insisten en que la medida no tendría retorno, los funcionarios reconocen que aún no tienen resuelto qué pasará después de la rescisión contractual. Entre otras cuestiones, el Gobierno tiene que definir dos aspectos clave. Por un lado, ¿quién se hará cargo del servicio? Y, por otro lado, ¿bajo qué condiciones y parámetros de exigencias en materia de servicios?

A mediados de mayo, cuando todas las críticas y cuestionamientos estaban focalizados en el ferrocarril San Martín, los técnicos de la Secretaría de Transporte habían comenzado a explorar una salida que consistía en quitarle la concesión a Metropolitano para dársela a la empresa TBA, la actual operadora de las líneas Mitre y Sarmiento.

La iniciativa impulsada por el titular de Transporte, Ricardo Jaime, preveía “levantar” la terminal del tren San Martín y “mudar” la entrada y salida de los trenes a la actual estación del ferrocarril Mitre.

Ayer, voceros del Gobierno indicaron que en las últimas horas se registraron reuniones con los sindicatos del sector ferroviario para sondear qué grado de colaboración podrían aportar si se concreta la rescisión contractual con Metropolitano.

Los dos ferrocarriles que están en la mira de la administración de Néstor Kirchner cuentan —al igual que el resto de las líneas del área metropolitana— con la ayuda económica del Estado.

Por mes, el ferrocarril San Martín recibe casi un millón de pesos de subsidios en concepto de compensaciones tarifarias. En tanto, la línea Roca tiene asignado un aporte mensual de 2,2 millones de pesos que se cubren con los ingresos provenientes de la tasa al gasoil.

A diferencia de la rescisión contractual del Correo, donde había técnicos en el Estado para hacerse cargo de la operación transitoria de la empresa, en el caso de los ferrocarriles no quedó ninguna estructura estatal que pudiera ponerse al frente de los servicios en estos momentos. Uno de los entes que quedaban era la ex FEMESA (Ferrocarriles Metropolitanos S.A.), pero el actual Gobierno decidió su cierre y liquidación en abril de este año.

Ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pidió “un poquito de paciencia” a los usuarios que se ven perjudicados por las deficientes prestaciones de los servicios y confirmó que “en pocos días el Gobierno decidirá qué hacer con las empresas concesiona rias que no cumplieron los contratos”.

“Estamos revisando todas las concesiones de las privatizadas y las correspondientes a trenes. Poco a poco nos vamos acercando a las decisiones que hay que tomar”, afirmó también Alberto Fernández.

Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió ayer que “pese a las mejoras que se lograron en los últimos días (ver pág.4), todavía hay muchas quejas por el servicio que presta la línea Roca, tras el incendio en el centro de control de Constitución, que obliga a operar los trenes con un esquema de emergencia”.