EL GOBIERNO DESPLAZÓ A LOS REFERENTES DE APROPOL Y ADEPOL

El Gobernador de la Provincia, Ing. Jorge Alberto Obeid, decretó la cesantía de ocho policías que mantenían una notoria actividad gremial, entre ellos los líderes de reivindicaciones y denuncias que alcanzaron alto impacto público el año pasado.

La disposición atribuye -a la mayoría de los efectivos desplazados- haber incurrido en faltas que, por su trascendencia pública, menoscabaron la disciplina y la investidura policial, lo que en la valoración legal adoptada por el mandatario constituye un agravante que habilita la máxima sanción.

El efecto político que se desprende de la medida es que las dos entidades gremiales policiales que existen en la provincia (ambas sin reconocimiento oficial) quedan descabezadas. Y, por la fuerza de los argumentos oficiales esgrimidos en la justificación de las infracciones, con su capacidad de accionar prácticamente desbaratado.

Entre los policías echados están los máximos líderes del gremio policial en las dos principales ciudades de la provincia: Alberto Martínez de Rosario, y Miguel Zalazar de Santa Fe. Ambos eran oficiales auxiliares y pertenecen a la agrupación Apropol. La nómina de los despidos incluye al sargento Ramón Carruega, al sargento primero Mario Osvaldo Morán y al suboficial principal Jorge Eladio Flores, todos de Apropol. También al subcomisario José Elvidio Arce, al sargento ayudante Roque Palermo y al agente Guillermo Palermo. Estos tres policías pertenecen a Adepol, otra agrupación sindical incipiente surgida a mediados del año pasado.

El decreto 3296, que también suscribe el Ministro de Gobierno Roberto Rosúa, deja cesantes a otros dos policías: el sargento Jorge Areyú y el cabo Alfredo Agati. Según los dirigentes de Apropol, estos dos empleados tienen, a diferencia del resto, imputaciones por delitos comunes y no por faltas atribuidas al desempeño de actividades reivindicativas. Y no son, según ellos, afiliados al gremio informal.

“Esta es una sanción absolutamente desmedida y tiene el claro propósito de aplastar actividades reivindicativas legítimas de los policías”, dijo Alberto Martínez, secretario general de Apropol. “Lo más evidente es que a nosotros nos echan y todos los que se han enriquecido con la corrupción interna son intocables”, expuso. “Las personas que hemos denunciado con pruebas gozan de buena salud. La investigación del fraude con combustible para móviles está a fojas cero, al igual que el robo de partidas para pagar servicios adicionales o el origen del dinero de los que tienen casas fastuosas”.

Además, Martínez remarcó que “aca hay cosas que en el texto del decreto no se dicen, por ejemplo, hoy se cumple un año de que se denunció por parte de policias honestos y destacados funcionarios el robo de combustible, y eso está parado y el gobierno no lo investiga”.

En ese sentido, un ofuscado Martínez disparó que “esto es un pase de factura del gobernado Obeid y el Ministro Rosúa, porque ellos están implicados por acción u omición, pero como siempre, las victimas pasan a ser victimarios”.

Así, el ahora ex policía de la provincia siguió apuntando contra la cúpula del ejecutivo provincial

“Jorge Obeid que se siente tan democrático, y Rosúa también, porqué no dicen que quieren seguir manejando la policía con leyes de la dictadura? Yo les digo que se saquen la careta”, enfatizó.

Por otra parte, el gremialista insinuó que el gobierno provincial utiliza a la fuerza de seguridad con fines poco saludables.

“Lo único que quieren con la policía es que sea un ente recaudador de la prostitución, de la droga, de las zonas liberadas, y esas son las cosas que denuncia apropol. Y esas cosas Obeid y Rosúa lo saben”, expolicó.

Una parte de los policías dio cuenta de su situación a un conocido estudio jurídico rosarino para presentar un recurso de reconsideración a la medida y hacer frente a los despidos. Las cesantías implican la pérdida de los beneficios salariales, de la obra social y la imposibilidad de obtener seguro de desempleo.

Durante 2005 la actividad de Apropol representó una pesadilla tanto para las cúpulas policiales como para el gobierno provincial. A principios de año hubo dos serias denuncias, primero en Santa Fe y luego en Rosario, sobre robo de combustible para patrullas. El primer caso le costó el puesto al jefe de policía santafesino, Sergio Blanche. El segundo suscitó un escándalo: efectivos de Apropol tomaron fotos cuando efectivos de la fuerza presuntamente manipulaban tableros de los móviles, en la sede de la Jefatura de Rosario, con el aparente propósito de disimular consumos no realizados de gasoil. Este incidente generó la remoción del jefe del Comando Radioeléctrico y del titular de la Agrupación Cuerpos en Rosario. En ambos casos el gobierno provincial, a través del entonces subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, desacreditó la acción de Apropol, pese a que tuvo que destituir jefes por lo ocurrido.

El episodio más grave fue el autoacuartelamiento del 13 de abril último, cuando varias decenas de policías se apelotonaron en la puerta de la Jefatura, impidiendo la salida de móviles para patrullar la ciudad. Reclamaban por la muerte del agente Diego Navarro en un supermercado de La Florida: su fallecimiento lo atribuían a que se había trabado su arma. La protesta implicó veinte horas de asonada y el pase a disponibilidad de 40 efectivos, la mayoría de los ahora cesanteados entre ellos.

Para el gobierno, lo que agrava la conducta de los policías echados es que sus manifestaciones se produjeron con participación y en presencia de subalternos. Los miembros de Apropol dicen que no tenían alternativa. “El mensaje de echarnos es claro: el que señala la corrupción se va”, dijo Martínez: “Nos echan por eso”.

“UNA ESTUPIDEZ”

El Ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, calificó como “una estupidez” que se relacione la cesantía de los ex efectivos policiales con la denuncia que ellos mismos emitieron por supuesta corrupción.

“Si ustedes han leído el decreto (dijo, refiriéndose a la prensa), la fundamentación está ahí. El concepto es que las sanciones corresponden a acciones legales contempladas en la ley orgánica policial que significan una respuesta institucional a una actitud de indisciplina que puso en grave riesgo la seguridad en una circunstancia en que hubo ocupación de la propia Jefatura de Policía. Es un gravísimo acto de indisciplina que contempla la legislación vigente y todos los policías conocen”, aseguró el funcionario.

-Ellos dicen que los sancionaron por denunciar hechos de corrupción- preguntó un cronista.

-“Eso es una estupidez. Fueron sancionados y esta perfectamente establecido en el decreto”, replicó Rosúa.

En el mismo sentido, aseveró que en el Gobierno de Obeid “los hechos de corrupción se investigan y nosotros somos los primeros en combatirlos”.

Además reiteró que “el hecho determinante es el gravísimo acto de indisciplina producido en Rosario que obligó a la intervención de las fuerzas federales para restablecer las condiciones de seguridad”.

Finalmente evitó dar consideraciones particulares con respecto a los casos de cada uno de los cesanteados alegando que “no lo recuerda” y sólo se limitó a brindar “conceptos generales”.