EL GOBIERNO DICE QUE LAS EXTRADICIONES DEBEN RESOLVERSE EN LA JUSTICIA

El gobierno de Kirchner anularía el decreto que no permite las extradiciones de militares pero sin obligar a los jueces argentinos a detener a los buscados.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró hoy que las extradiciones solicitadas por el gobierno español en contra de 46 militares argentinos por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura constituyen “una cuestión de la Justicia”.

“Para el Gobierno Nacional es un tema judicial, que debe ser resuelto en ese ámbito. Eso es todo lo que el poder político puede decir al respecto”, aseguró el funcionario, quien acompañó al presidente Néstor Kirchner en los actos conmemorativos del 187 aniversario de la Declaración de la Independencia.

Fernández agregó que el Ejecutivo “no tiene nada que decir” sobre el pedido de extradición del ex represor Antonio Bussi -que recientemente fue elegido intendente de la capital tucumana-, uno de los 46 militares requeridos por el juez español Baltasar Garzón.

“Para nosotros no es un tema de diferencias ideológicas. Creemos que el único camino para que la Argentian viva en paz consigo misma es el de la justicia y de la verdad, y eso lo hemos reclamado siempre”, añadió Fernández.

El Ejecutivo piensa derogar el decreto 1581, firmado por Fernando de la Rúa, que rechaza automáticamente los pedidos del exterior sobre militares argentinos. Y se modificaría la ley de extradiciones que obliga a los jueces a detener a los ciudadanos sobre los que pesa un pedido de extradición.

Sucede que el Gobierno quiere que —a través de un decreto reglamentario—, los magistrados tengan la opción de no detener a los acusados, en caso de considerar que la medida no es necesaria.