EL GOBIERNO ENDURECE SU POSTURA EN LA NEGOCIACIÓN CON EL FONDO
El Gobierno decidió endurecer su posición en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, frente a las exigencias y presiones que trajo la misión que trabaja desde la semana pasada en la Argentina. Esta decisión se adoptó en el preciso momento en que llega a la Argentina el jefe político de la delegacion negociadora del FMI.
John Dodsworth —de él se trata— arriba hoy a Buenos Aires para encabezar las conversaciones, que se complicaron por la jugada del organismo de difundir documentos internos con detalles de las exigencias que se propician para antes de que finalice el acuerdo vigente, que caduca a fin de agosto. También llega hoy al país una delegación de Lazard Freres, el banco asesor para la renegociación de la deuda en default. Esta comitiva estará liderada por la banquera francesa Michelle Lamarche, quien arribó ayer. La economista tiene previsto reuniones con el equipo económico y también con los técnicos del FMI que encabeza Dodsworth.
En este marco, el presidente Néstor Kirchner le dio instrucciones precisas en las últimas horas al ministro Roberto Lavagna para que no acepte exigencias desmesuradas del FMI.
La actitud de endurecimiento que demostró Kirchner sorprendió al propio Lavagna, quien tiene una posición más negociadora con los funcionarios de Washington. Los “límites” fijados por Kirchner dejan poco margen para aceptar algunos reclamos que en las últimas semanas realizaron los enviados del FMI.
Según confirmó Clarín en la Casa Rosada, a Kirchner le molestó la intención de los funcionarios del Fondo Monetario de “distorsionar” las conversaciones que mantuvo con Horst Köhler y comenzar a reclamar medidas antes de avanzar en el cierre del acuerdo de largo plazo.
También en la Rosada se considera que los funcionarios del Fondo pretenden “elaborar la agenda económica” del Gobierno y frenar el tenue crecimiento económico de los últimos meses. Ayer se le entregó un informe confidencial a Kirchner con datos alentadores sobre la marcha de la economía. El malestar presidencial se refiere a cuatro puntos que reclama el FMI:
La sugerencia —como anticipó Clarín— para que Argentina cancele con sus reservas de divisas los vencimientos del 9 de setiembre con el FMI. Ese día hay pagos improrrogables por 2.900 millones de dólares, que el Banco Central tendría que abonar si se dilata el cierre de un acuerdo.
La exigencia de elevar —sin un análisis minucioso— el superávit fiscal el año próximo a 3,5 por ciento del PBI. Para Kirchner es necesario mantener las cuentas ordenadas, pero cree que se debe discutir la forma de llegar a ese superávit para no afectar los niveles de actividad económica. Según voceros calificados de la Casa Rosada, el aumento del superávit que pactó el presidente Lula en Brasil está provocando la recesión en ese país.
La posición del Gobierno argentino puede ocasionar un fuerte impacto en las negociaciones. Köhler pidió en una conferencia de prensa —antes de viajar a Buenos Aires, hace tres semanas— que la Argentina hiciera lo mismo que hace Brasil.
La presión del FMI para que Argentina aumente las tarifas antes de que finalice el acuerdo de transición. Para la Rosada, el precio de los servicios debe contemplar una renegociación general de las privatizaciones y también la situación de insolvencia de millones de usuarios carenciados. El tema de las tarifas estará presente en la gira presidencial a Europa. Los países del Grupo de los 7 —en especial Italia y Francia, a los que se suma España— reclaman que Argentina aumente las tarifas, como se comprometió el ministro Roberto Lavagna en enero pasado, cuando las naciones industrializadas apoyaron el cierre del acuerdo transitorio con el FMI.
Tampoco se comparte la exigencia de que el Gobierno debe otorgar las compensaciones bancarias por la indexación, antes de cerrar el acuerdo de largo plazo. Se trata de la transferencia de 3.600 millones de dólares en bonos, que reclaman los bancos. Es una exigencia del Fondo, avalada por los banqueros de Wall Street.
En la Casa de Gobierno consideran que la compensación bancaria es una exigencia “desmedida”. Abultada —dicen— en medio de la crisis y de la pobreza.
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