EL GOBIERNO ESTÁ AUDITANDO A AGUAS ANTE UNA POSIBLE RETIRADA

Por orden del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) está auditando los stocks de insumos, productos químicos y repuestos electromecánicos necesarios para sostener la prestación de los servicios sanitarios en el caso de que Aguas Provinciales se retire de la concesión el lunes 2 de mayo a las 10 horas. Ese día vence el plazo que la empresa le puso al gobierno para recomponer sus ingresos o de lo contrario, según la intimación, ya no estará en condiciones de continuar operando la concesión.

El titular del Enress, José Manuel Kertz, explicó anoche a El Ciudadano que “obviamente estas auditorías responden a una situación que todos conocemos y que es que el contrato está en tensión”.

Después de que el 16 de marzo Aguas Provinciales intimó al gobierno provincial argumentando que no podía seguir adelante con el servicio en las actuales condiciones, en el gobierno vieron más cerca que nunca la responsabilidad de proveer de agua potable a 2 millones de santafesinos.

La empresa, que presentó una demanda ante el Ciadi por 310 millones de dólares, sostiene que el Estado incumplió sus compromisos.

Las auditorías

La resolución 057 encomendó al Enress que “verifique e informe al Ministerio de Obras y Servicios Públicos en forma detallada acerca de la provisión de insumos químicos empleados en los procesos de potabilización y tratamiento de efluentes, de repuestos electromecánicos y sus correspondientes reservas”.

La tarea del organismo de contralor también incluye conocer “si los programas periódicos de provisión son adecuados a las necesidades de las quince localidades cuyos servicios son prestados por Aguas”.

El motivo de las auditorías es saber si el stock actual se puede “garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, todo ello en el marco del numeral 5.3 del contrato de concesión”. Después, encomienda que también se releve “todo dato que considere oportuno para asegurar la calidad, continuidad, regularidad y cobertura de los servicios prestados por la concesionaria”.

Según explicó anoche el titular del Enress, José Manuel Kertz, hasta el fin de la semana pasada los stocks auditados “estaban dentro de parámetros aceptables”. Sin bien este diario no pudo anoche chequear la letra del contrato, una alta fuente estimó que de retirarse la empresa “debe garantizar la provisión de insumos y repuestos para 60 días”.

La resolución lleva la firma del ministro Alberto Hammerly –quien a las 19 de ayer se presentó por segunda vez en menos de dos meses a informar a la Legislatura sobre el tema– y en sus considerandos explica que la decisión es consecuencia directa de la intimación que el 16 de marzo pasado Aguas le hizo al Poder Ejecutivo “en la que invoca causal de incumplimiento contractual en los términos de un pasaje del contrato de concesión”.

Allí la concesionaria asegura que “los hechos y omisiones de la concedente (el Estado) le han provocado la ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión y que sus efectos se mantienen a la fecha constituyendo causal de incumplimiento contractual”.

Pero el párrafo que alertó al gobierno para que solicite las auditorías es el que “aduce no poder continuar con la gestión del servicio si el concedente no cumple con sus propias obligaciones, especialmente si no prevé los recursos suficientes para que la concesión pueda operar”.

La resolución tiene importancia también porque en ella el Ministerio reconoce que “ante la gravedad” de la intimación “es necesario tomar medidas preventivas” porque “es responsabilidad del Estado garantizar la prestación del servicio para preservar la salud de los usuarios, como asimismo del tratamiento de los efluentes cloacales para garantizar la conservación del medio ambiente”.