EL GOBIERNO FRANCÉS DECIDO HOY SI RETIRA EL POLÉMICO CONTRATO DE EMPLEO

Después de otra madrugada de violencia en París, la crisis social francesa está en las manos del presidente Jacques Chirac. Será él quien decida promulgar o no el contrato de primer empleo (CPE) que el Parlamento ha aprobado sin debate. El mismo que el primer ministro gaullista Dominique de Villepin se resiste a modificar, a pesar de la resistencia callejera.

Cuando se cumpla hoy el ultimátum de 48 horas lanzado por estudiantes y sindicatos para que ordene el retiro del controvertido CPE, que establece la posibilidad de despido sin indemnización a menores de 26 años, el presidente francés deberá decidir: acepta el desafío y dialoga abiertamente —como él mismo propuso— con todas las partes o enfrenta la huelga general, que está planificada para el próximo jueves, en otra escalada de la tensión social en Francia.

En la marcha donde 600.000 franceses pedían el sábado la dimisión de De Villepin también cuestionaban la autoridad presidencial.

A pesar de su caída de 6 puntos en las encuestas, De Villepin se resiste a abolir el CPE y así lo confirmó ayer a la revista mensual Citato. “Hay que darle una oportunidad al CPE”, dijo.

El Medef, que reúne a los capitanes de la industria, que serían sus principales beneficiarios junto a los jóvenes desempleados y sin esperanzas laborales de los suburbios, no ha salido a defenderlo como él esperaba. Esta actitud hace pensar a los analistas que el premier prefiere el aislamiento —aun ante una eventual y brutal derrota— que una negociación donde se lo vea ceder. Confía en que el ciudadano común va a darle la razón, cuando la violencia aumenta en la calle entre policías y manifestantes y continúan el bloqueo y las huelgas en las universidades.

Los violentos disturbios en los alrededores de la plaza de la Sorbona en la noche del sábado al domingo favorecen a De Villepin. Seis horas duraron los enfrentamientos, que forzaron a encerrarse a los vecinos del boulevard St. Michel ante la represión, las bombas molotov y los camiones hidrantes. Al menos 500 estudiantes pretendieron retomar la universidad desalojada la semana pasada y arrasar la plaza, que estaba cerrada por cercos de hierro de la policía.

Más que los jóvenes de los suburbios, los violentos en la Sorbona fueron la ultraizquierda y los anarquistas, que lanzaron bombas molotov e incendiaron un vehículo de la policía antidisturbios. Al menos hubo 18 manifestantes y policías heridos y 166 detenidos en los incidentes, que se prolongaron después de la medianoche.

Con este panorama, el primer ministro busca encontrar una salida equilibrada a la crisis. No sólo deberá conseguir un diálogo con los sindicatos, a los que ignoró hasta ahora cuando son sacrosantos interlocutores en el modelo socioeconómico francés. Debe poder ensamblar a sus ministros, que en público juegan a la solidaridad con su jefe y lo critican en privado. Especialmente los aliados al ministro del Interior y aspirante a candidato presidencial en el 2007, Nicolas Sarkozy.

Los escenarios de la crisis no dejan muchas salidas, especialmente porque los sindicatos pusieron junto con los estudiantes una condición excluyente: retiro del CPE para negociar. La huelga está planeada para dentro de tres días. El gobierno debe responder hoy, aunque va a pretender prolongar el juego hasta después de las vacaciones de Semana Santa.

Soluciones alternativas para “salvar la cara” se están buscando. Para que el CPE no tenga que ser retirado o que su extinción se maquille implantando reformas: dedicarlo sólo a los estudiantes o a los desempleados, o aplicar impuestos a las empresas que sólo firmen contratos de duración determinada.

Otra solución puede ser la jurídica y provenir del Consejo Constitucional. Como el CPE diferencia a los jóvenes de los demás empleados de Francia, podría crear una “ruptura” en la igualdad de tratamiento de los ciudadanos.