EL GOBIERNO HARÁ LA OBRA QUE PIDIÓ CARGILL
El gobierno provincial accedió a la solicitud de la multinacional Cargill SA y ayer el gobernador Jorge Obeid firmó el decreto por el cual autoriza la realización de las obras viales que la cerealera controlada por Monsanto reclamaba para el acceso a la planta que piensa construir en Villa Gobernador Gálvez, para la cual, según anunció meses atrás, destinará 160 millones de dólares. Las mencionadas obras tienen un costo de 15.561.940 pesos, de los cuales Cargill donará a la Dirección de Vialidad provincial 7.780.970 a través de un convenio firmado el 24 de setiembre pasado. El resto saldrá del erario público.
Según el decreto 2.327, con los recursos aportados por Cargill SA se construirá “una vía de acceso a su planta industrial desde la ruta provincial N° 21 en el sur del territorio provincial, incluyendo el respectivo intercambiador vial”, mientras que el Estado santafesino solventará la construcción “de un camino entre la ruta Nº 21 y la autopista Rosario-Buenos Aires”. De esa manera, la inversión de la empresa cerealera en Villa Gobernador Gálvez ascenderá a casi 163 millones de dólares.
Tras la firma del convenio en setiembre pasado entre Cargill SA y la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente de la cartera de Obras Públicas, la dependencia estatal realizó un estudio “para la concreción de la obra vial que comprende el enlace con la autopista Rosario-Buenos Aires, el cruce en alto nivel de un camino comunal y de las vías del ferrocarril, el enlace con la ruta provincial N° 21, con un intercambiador de tipo alto nivel, y obras complementarias hasta el área portuaria de Villa Gobernador Gálvez”.
Vialidad también afinó la punta del lápiz y evaluó que la realización de las tareas ascienden a más de 15 millones de pesos. Con esos números en la mano, la gestión Obeid acordó con la empresa multinacional la donación de casi la mitad de ese importe, 7.780.970 pesos, que llegarán a la dependencia oficial mediante una donación.
La llegada de Cargill SA a Villa Gobernador Gálvez no estuvo desprovista de inconvenientes. Uno de ellos, tal vez el principal, fue la oposición de un grupo de vecinos de la zona donde se va a instalar el puerto de la compañía, que encendieron una luz de alerta sobre la cuestión ambiental. Tras algunas idas y vueltas, la Secretaría de Medio Ambiente dictaminó que era factible la instalación de la planta cerealera, y entonces comenzó la puja por la realización de las obras viales que pretendía la empresa. La discusión concluyó ayer con la firma del decreto 2327.
Según se lee en los considerandos del decreto firmado por el gobernador, “en caso que la construcción de la ruta referida en el aludido convenio (entre Cargill SA y Vialidad) no estuviera concluida a la fecha de puesta en marcha de la planta, ésta renuncia a efectuar reclamo en contra de la provincia por los daños y perjuicios que pudiera sufrir como consecuencia del uso de la vía alternativa autorizada” por el mismo convenio.
En tanto, se dejó constancia de que “las prestaciones a que se obliga la administración están sujetas al cumplimiento de las reglas jurídicas y técnicas a ser verificadas en su oportunidad en los procedimientos administrativos que se desarrollarán en cumplimiento del acuerdo”.
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