EL GOBIERNO IMPULSA ACCIONES PENALES CONTRA UNA PRIVATIZACIÓN

Ya no habla solamente de anular el contrato —lo que ya se da como un hecho— por incumplimiento en el pago del canon. El Gobierno nacional subió ayer la apuesta contra la concesión del control del espacio radioeléctrico, al calificar de “auténtico escándalo” ese proceso de privatización de 1997. Y anunció que impulsará una investigación en la Justicia para establecer si se pagaron coimas para que la empresa francesa Thales Spectrum se quedara con ese negocio, y en ese caso, “recuperar el dinero malhabido”.

Fue el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien precisó anoche que el “Estado va a impulsar denuncias penales” por el modo en que fue realizada la privatización. “Esto es un auténtico escándalo desde el punto de vista de la ecuación financiera y de la transparencia de la operación”, le dijo Beliz a la agencia DyN en la Villa 31 de Retiro, adonde acudió para presenciar un concierto del pianista Miguel Angel Estrella.

En su edición de ayer Clarín anticipó en exclusiva que el Gobierno iba a anular la concesión de la empresa francesa, un negocio de 500 millones de dólares. Ayer y pese a los insistentes pedidos de este diario, la firma Thales guardó silencio.

“(El caso) no tiene que quedar simplemente en la anulación de esta concesión”, sostuvo Beliz. “En la Argentina, los delincuentes que han hecho privatizaciones en el marco del Estado no sólo tienen que ir a prisión, sino también devolver la plata que han cobrado”, añadió Beliz.

Tal como Clarín anticipó en exclusiva, en las próximas horas Néstor Kirchner firmará un decreto de anulación del polémico contrato que la firma francesa obtuvo en julio de 1997 luego de una cuestionada licitación, avalada ocho meses más tarde por un decreto del ex presidente Carlos Menem.

La denuncia del presunto pago de sobornos estalló en Francia recién en octubre pasado, cuando la revista francesa Le Point sostuvo que a cambio de quedarse con el contrato de concesión, la empresa habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias de Nueva York, Uruguay y de paraísos fiscales, que habrían pertenecido a funcionarios argentinos.

A partir de eso, la Oficina Anti corrupción argentina inició una investigación que ayer, Beliz aseguró que iba a “profundizar”.

La Auditoría General de la Nación (AGN) también se había sumado el año pasado a las críticas al contrato, al denunciar que entre 1997 y 2001 Thales Spectrum se alzó con “superganancias” que excedían en 100 millones de dólares el beneficio “normal”. Kirchner se decidió a anular el contrato luego de una serie de intimaciones y varios informes negativos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por falta de cumplimiento en el pago del canon que corresponde al Estado.

El contrato con Thales Spectrum se firmó por 15 años y le permitió a la empresa, además de ejercer el control para evitar la “piratería” radioeléctrica, cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de TV, las radios AM y FM y los radiollamados, entre otros usuarios.

La licitación fue encarada por el entonces secretario de Comunicaciones, el liberal menemista Germán Kammerath y su primo, el presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Roberto Catalán. Ante el rechazo de la oferta del único competidor, la concesión fue adjudicada a Thomsom, hoy Thales Spectrum Argentina.

Ayer trascendió que desde París, hoy llegará un alto ejecutivo de Thales. El viaje estaba programado pero intentará una gestión con el Gobierno.

La rescisión del contrato con Thales será la segunda que Kirchner realiza de una privatiza ción concedida por Carlos Menem. El primer caso fue la quita de la concesión del Correo Argentino al grupo Macri.

Thales es además la segunda compañía de capitales franceses en conflicto con el Gobierno. La semana pasada Kirchner cargó duro contra Aguas Argentinas, otra empresa gala a la que urgió a “invertir” porque “con nosotros no va a haber impunidad”. Kirchner firmaría hoy la anulación, poco antes de subirse al avión que lo llevará a España, en un viaje clave para definir el vínculo del Gobierno argentino con las privatizadas.