EL GOBIERNO IMPULSA UNA LEY PARA LIMITAR LAS EXCARCELACIONES

El Gobierno enviará al Congreso en los próximos días un paquete de leyes penales que apunta a evitar que los delincuentes sean fácilmente excarcelados, amplía los delitos en los cuales se pueden sustituir las penas de prisión por la realización de tareas comunitarias, agrava la penalización para el vaciamiento de empresas y para los delitos rurales, e inaugura un nuevo sistema de “justicia exprés” para los delitos que se cometan en espectáculos deportivos.

Los seis proyectos de ley fueron presentados por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, al presidente Néstor Kirchner, que apoyó las iniciativas y su rápido tratamiento legislativo. La diputada nacional María del Carmen Falbo (PJ) se comprometió, en la reunión en la Casa de Gobierno, a analizar los proyectos con cada una de las comisiones. Los anteproyectos fueron elaborados por una comisión especial de juristas y por la Secretaría de Seguridad Interior.

La principal modificación apunta a acabar con la práctica de que “los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra”, dijo anoche Quantín a LA NACION. Es habitual que cuando un ladrón es sorprendido robando con un arma de fuego, salga de la comisaría antes de que la víctima termine de declarar ante la policía y completar los trámites.

Esto es así porque al tratarse de un robo en grado de tentativa la pena mínima baja a un tercio de la mitad, lo que lo convierte en un delito excarcelable. Ahora se propone elevar de 5 a 7 años de prisión el mínimo si se está frente a un robo con armas de fuego, con lo que la tentativa no permite la libertad del detenido.

“Nuestra política criminal es ampliar la posibilidad de encerrar a los delincuentes más peligrosos, que actúan con armas de fuego, cercarlos”, dijo Quantín.

El anteproyecto se completa con otra modificación inspirada en la idea de propiciar el desarme ciudadano. Se sanciona como delito la tenencia de un arma de uso civil sin permiso (hasta calibre 32) y se castiga con penas de 4 a 15 años a aquellos que tengan como práctica habitual el alquiler de armas para que las bandas cometan delitos. También se eleva de 1 a 6 años la pena para quien entregue armas a un menor.

PENAS ALTERNATIVAS

La contracara de este proyecto es otro que amplía los delitos en los cuales los jueces pueden imponer penas alternativas a la cárcel, como compensar a la víctima y realizar tareas en favor de la comunidad y cursos obligatorios.

“Se trata de que exista una sanción para todo delito que se comete. Partimos de la idea de que llevar a la cárcel a los autores de delitos sin antecedentes, además de ser caro para el Estado, implica criminalizar al delincuente primario. Pretendemos aliviar los tribunales para que se dediquen a los casos graves y aplicar en estos otros casos sanciones alternativas”, dijo Quantín.

Hasta ahora, la “probation”, que es la sustitución de la prisión por otras sanciones, se aplicaba a delitos de hasta 3 años de prisión. El anteproyecto de ley amplía la posibilidad de aplicarla para delitos castigados con hasta 6 años de cárcel siempre y cuando la pena sea de ejecución condicional.

Es decir, si alguien es acusado de un robo que tiene un máximo de seis años de prisión, pero el juez vislumbra que dadas las condiciones del acusado y las circunstancias del delito la pena puede quedar en suspenso, se puede aplicar una sanción, como realizar tareas comunitarias. Esto es así si hay acuerdo del fiscal con el acusado y el juez lo consiente.

Así, el proceso termina antes de llegar a juicio y se evita recargar el sistema judicial.

Este mecanismo, que está en práctica, no funcionaba adecuadamente porque nadie controla que se cumplan las penas alternativas.

El anteproyecto de ley va acompañado de otro de decreto que pretende crear 1000 cargos de “oficiales de probation”, al estilo de la justicia norteamericana, que serán responsables del cumplimiento de la sanción. Se los buscará entre jóvenes recién recibidos de abogados, estudiantes avanzados de derecho y asistentes sociales.

También se establece que los delitos culposos, por ejemplo los accidentes de tránsito cometidos por imprudencia, que hasta ahora tienen una pena en suspenso, puedan castigarse con estas sanciones, como un curso de manejo o un trabajo en la guardia de traumatología de un hospital público.

“Pretendemos descomprimir el sistema penal, no inventar delincuentes y que los que merezcan una sanción que la tengan y compensen a la víctima”, insistió Quantín.
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DELITOS DE GUANTE BLANCO

Para los delitos económicos, conocidos como “de guante blanco”, también agravan las penas. El vaciamiento de empresas se castiga con penas de 1 a 6 años. Antes, el castigo era de 6 meses a dos años. La figura agravada contempla penas de hasta 8 años de prisión. Por este delito, ahora, podrán ser acusados los síndicos de las sociedades si prospera la reforma del artículo 301 del Código Penal, impulsada en esta iniciativa.

Para el abigeato, en tanto, se ideó una reforma judicial que contemple el delito en 2003 y no en los años 20, cuando se decidió castigarlo. Se considera que ahora actúa una industria criminal en el campo, donde los frigoríficos clandestinos se conjugan con bandas armadas, que se valen de camiones y de tecnología.

Por eso, se decidió agravar las penas para el robo de ganado de 2 a 6 años, y se agrava de 5 a 8 años si el delito es cometido por más de 3 personas o si se sustraen más de 5 cabezas. También se castiga con mayor dureza el hurto de enseres del campo y de agroquímicos.

Paralelamente, se agravan las penas para el funcionario público que tolere estos delitos.

JUSTICIA EXPRÉS

La mayor reforma se da en el castigo a los delitos que se cometan en espectáculos deportivos. Se propone que si los delincuentes son detenidos in fraganti sean juzgados en cercanías del estadio en el mismo día del partido.

El fiscal, que estará presente, labrará un acta con los testigos, el acusado y las pruebas y decidirá si hay evidencia para juzgarlo. Al día siguiente se convocará a un juez de instrucción y se hará una audiencia preliminar. Allí se decidirá si corresponde sobreseer al acusado, si reconoce su culpa y se opta por el sistema del juicio abreviado; si se le impone alguna pena alternativa. Para los delitos correccionales se pueden hacer allí los alegatos y el juez dictar sentencia.

En caso de que llegue a juicio, se abrirá a prueba el caso y en 48 horas será juzgado por un juez correccional o por un tribunal oral en lo criminal, según la gravedad del delito que se investigue.

La propuesta prevé que las apelaciones ante la Cámara del Crimen se resuelvan en un máximo de 48 horas.