EL GOBIERNO IMPULSA UNA NUEVA COMPRA DIRECTA DE AUTOS

Hace casi tres años, el gobierno provincial le compró a la empresa General Motors, sin llamar a licitación pública, más de 400 autos con la condición de que la firma multinacional no despidiera personal. La operación se llevó adelante, los vehículos se adquirieron sin que ello significara una ganancia económica para las arcas de la provincia y tampoco se garantizó la estabilidad laboral ya que tiempo después, el pulpo económico automotriz decidió echar a más de un centenar de operarios. El dato central es que fue puesto a consideración de la legislatura, el mensaje 2622 que establece la adquisición de más de 250 vehículos, a la misma firma y bajo idénticos supuestos: necesidad de mejorar la seguridad y priorizar la mano de obra local. Un negocio que a la luz del tiempo trascurrido, resultó poco conveniente para todos.

Haciendo historia.

Entre septiembre y octubre de 2000, un fuerte debate se daba en la legislatura santafesina entre la oposición y el oficialismo por esta compra directa que quería realizar el ejecutivo provincial. En aquella oportunidad, desde el sector de la UCR, el PDP y parte del PJ, pero que preferían mantenerse en silencio, les exigiron al gobierno una serie de documentación, trámites y presentaciones varias en donde debía argumentar la compra.

El argumento para justificar la operación, era bosquejado por el entonces Secretario de Trabajo, Rubén Dunda, en nota a Reutemann el 27 de julio de 2000, donde recomienda hacer la compra de vehículos para la policía a General Motors, remarcando: “de concretarse una operación de esta envergadura, en el corto plazo, podrían incluirse en la negociación, aspectos que contemplen garantías de la continuidad laboral y salarial, hoy afectada”

Finalmente, el 20 octubre de 2000, el Senado sancionó la compra directa, mientras la oposición, en la voz de Carlos Fascendini, Alberto Beccani, Felipe Michlig, del radicalismo, con Pablo Cardinale del Partido Demócrata Progresista, coincidieron en tachar de “sospechosa” las adquisiciones tan voluminosas por este sistema que va en contra de la Ley de Contabilidad; la misma ley que quiere imponer el oficialismo como modelo anticorrupción. Carlos Fascendini, también objetó la urgencia pues el proyecto fue remitido en julio pasado y “sobraba tiempo para licitación o concurso de precios”.

El Senador Julio Gutierrez justificó la adquisición fundamentando la aceptación del bloque justicialista en los siguientes puntos:

– Necesidad de dotar a la Policía de mejores elementos técnicos con su flota obsoleta, en un 35 por ciento.

– Necesidad de dotar de confort y seguridad a los autos de funcionarios.

– Apoyo a las empresas instaladas en Santa Fe (GM) y evitar despidos o suspensiones.

– La utilización del Plan Canje.”Creemos que esta compra directa la podemos justificar por la necesidad y urgencia, reivindicando que es un caso excepcional porque somos permanentes defensores de la Ley de Contabilidad”, concluyó el legislador.

Pero el supuesto acuerdo sobre la conservación de los puestos de trabajo jamás fue acentado con puño y letra de nadie. Todo fue de palabra, como se hacían los acuerdos en otros tiempos y la palabra empeñada era una prueba más que suficiente. Ahora los funcionarios gubernamentales se lamentan por no haber puesto la lapicera en el momento indicado, mientras la oposición dice: “nosotros les avisamos”.

La pregunta del millón: ¿Por qué?

Hoy, a casi tres años de aquella decisión, frente a la actitud concreta de los directivos de General Motors de haber despedido de más de 100 empleados, sumado a que luego de dicha adquisición los índices de seguridad urbana no mejoraron de acuerdo a los propios registros del Ministerio de Gobierno y que se refuerza un discurso de seguridad blindada con una serie de interrogantes sobre la naturaleza política y comercial de la operación…habría que tener en cuenta estos antecedentes frente al nuevo mensaje ingresado en la Cámara de Diputados.

Un nuevo intento: ¿seguridad comunitaria o negocio de la seguridad?

El mensaje Nº 2622 ingresado para la consideración de los diputados provinciales indica la necesidad imperiosa de la compra de:

-72 unidades Chevrolet Corsa Classic 4 puertas c/equipo patrullero.

-109 unidades Chevrolet Corsa Classic 4 puertas diesel c/equipo patrullero.

-60 unidades pick up Chevrolet S-10 cabina doble 2.8 Diesel 4×2 c/equipo patrullero.

-5 unidades pick up Chevrolet S-10 Cabina doble. 2.8 Diesel con equipamiento especial.

En los fundamentos del pedido se señala que “las crecientes exigencias sociales en materia de seguridad pública, derivadas de nuevas conductas delictivas, requieren de un accionar policial adaptado a las circunstancias”.

También se alude a “la disuasión y la represión se encadenan como etapas lógico-cronológicas en las que el recurso humano y el tecnológico deben vincularse estrechamente para extraer de su combinación la máxima operatividad posible”.

Al tiempo, el mensaje se funda en “la necesidad y la urgencia de contar con la movilidad peticionada” y que “la concreción de la contratación solicitada significará el empleo de mano de obra santafesina, contribuyéndose de esta forma a sustentar un emprendimiento productivo radicado en el territorio de nuestra provincia”.

Los mismos argumentos, la naturaleza de la operación tendría idénticas características a las objetadas hace tres años atrás. A la luz de los resultados concretos el debate vuelve a plantearse: ruedas para mejorar la seguridad de la gente, de sus negocios y sus comercios o un negocio sobre ruedas bajo la excusa de mejorar la seguridad de la gente.