El Gobierno interviene Metrogas
El Gobierno nacional decidió intervenir a la distribuidora Metrogas, tras que la empresa llamara a convocatoria de acreedores por no poder hacer frente a un vencimiento de deuda por U$S 20 millones. Los accionistas de la empresa, British Gas e YPF, habían avisado el 4 de junio pasado de la posibilidad de incumplimiento financiero.
El Ministerio de Planifición emitió un comunicado este mediodía informando que la razón de la invertención responde a la comunicación de la empresa respecto al incumplimiento de sus obligaciones financieras y en virtud de “garantizar la normal prestación del servicio público”. En el transcurso de la jornada el Gobierno designaría un interventor.
En cifras
Metrogas ha reclamado desde hace 11 años que sus tarifas se mantienen congeladas, pero desde Planificación informaron a la prensa que “la negociación no fue posible” porque la empresa se negó a retirar una demanda contra el Estado que interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
La respuesta del Gobierno se originó después de que Metrogas enviara esta mañana un comunicado a la Bolsa de Comercio Porteño informando de sus dificultades financieras.
Los balances
En el primer trimestre de este año de Metrogas arrojó pérdidas por $15 millones. En diciembre pasado la empresa había adelantado una posible convocatoria. Pero YPF impulsó en aquel momento un aporte de capital de los principales accionistas que solventó la situación.
El último año que tuvo ganancias Metrogas fue 2007. En 2008 comenzó una pendiente que le generó $ 15.787.000 millones de pérdida. Y en 2009 se profundizaron: $ 78.342.000 en rojo. La tendencia no parece revertirse este año. En el primer trimestre las pérdidas ascienden a los $ 15.084.000. Y la visión de los accionistas de que la empresa en estas condiciones no es viable es cada vez más uniforme, al punto de que no recurrirían a la anterior estrategia de salvataje.
Segundo caso
Metrogas se convirtió en la segunda empresa de servicios públicos intervenida por el Gobierno en menos de seis meses. Según la la legislación vigente, el Gobierno tiene la facultad de realizar intervenciones si las concesionarias presentan riesgos financieros, como una cesación de pagos.
El caso anterior fue el de Autopistas del Sol, que fue puesta bajo intervención del Gobierno el 23 de noviembre pasado por un término de 120 días. Al igual que la distribuidora, AUSOL incumplió vencimientos de su deuda global, que llegó a $1.150.
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