EL GOBIERNO JUSTIFICÓ EL RELEVO DEL SECRETARIO GENERAL DEL EJÉRCITO

El Gobierno salió esta mañana a defender la decisión del presidente Néstor Kirchner de desplazar al secretario general del Ejército, general Jorge Tereso.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue quien tomó la posta a la hora de explicar la medida dispuesta por el presidente Néstor Kirchner. Aseguró que “preocupó” en el oficialismo que Tereso haya pedido “institucionalmente” a la Justicia que seis represores detenidos pudieran pasar las fiestas de fin de año en sus casas, ya que “no es una regla saludable” y “no se aplica a todos los procesados”.

“Si nosotros estamos llevando adelante una política que claramente propicia terminar con la impunidad, esta supone también propiciar la igualdad de trato entre los argentinos y no nos parece que sea un trato igualitario que una institución, que nada más y nada menos es el Ejército, esté pidiendo que se autorice a alguien que está procesado”, explicó Fernández.

Tereso fue relevado ayer del cargo de secretario general del Ejército por el ministro de Defensa, José Pampuro –a instancias de Kirchner-, por haber trasladado a la Justicia una solicitud de seis represores -detenidos en la causa que se investiga la desaparición de una veintena de militantes montoneros en 1980- para pasar las fiestas de fin de año en sus domicilios.

En declaraciones a la radio Rock & Pop, el jefe de Gabinete precisó que “preocupó” al Gobierno que “no se haya pedido ningún tipo de opinión al comandante en jefe del Ejército que es el Presidente ni al jefe del Ejército”, general Roberto Bendini.

“Preocupó porque pensamos que hay muchos presos que quisieran pasar la Navidad con sus familias y es una decisión que sólo se puede tomar a partir del pedido del procesado o encausado y nos llamó la atención que el general Tereso, sin consulta de ninguna naturaleza, haya resuelto elevar el pedido institucionalmente a los jueces”, insistió.

Fernández reiteró que el episodio “preocupa porque no es equilibrado, no es una regla saludable que institucionalmente se pida que un procesado pase las fiestas con sus familiares cuando esta es una medida que no se aplica a todos los procesados”.