EL GOBIERNO LANZÓ UN AMBICIOSO PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL

Se mantuvo prácticamente en secreto durante días y se divulgó con clima de borrón y cuenta nueva. El Plan Nacional de Justicia y Seguridad que el ministro Beliz lanzó anoche se reveló como un ambicioso programa de reforma sostenido en una batería enorme de decretos y proyectos de ley. Se destacan la creación de una agencia federal de investigaciones, varias modificaciones legislativas y una compleja reestructuración que afecta a los cimientos del Poder Judicial.

Con alusiones a la falta de “medidas mágicas”, Beliz desgranó una a una las medidas propuestas por el Ejecutivo. Algunas de ellas se pondrán en marcha de inmediato, a través de decretos. Otras deberán sortear el tránsito por el Congreso, al que se remitirán todos los textos en un plazo no mayor a diez días.

Para la reforma, habrá un Fondo Fiduciario de Seguridad de 600 millones de pesos. Lo va a manejar el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Beliz se encargó de aclarar que este monto “no implica aumento impositivo alguno”. Más los 400 millones destinados a la construcción de cárceles, el plan suma en total una inversión a largo plazo de mil millones de pesos.

Ante el presidente Kirchner, una docena de gobernadores, el Gabinete nacional completo, miembros de la Corte Suprema y un batallón de funcionarios, el ministro de Justicia pidió no caer en la “indiferencia o la soberbia” y detalló el paquete de medidas. Las más importantes son:

– Se conformará una agencia de seguridad con 6 mil efectivos de naturaleza federal. Estará dividida en dos: un cuerpo nacional de paz y un área de policía de investigaciones. Esta Fuerza estará a disposición de cada una de las provincias para reforzar las políticas de seguridad.

– El Gobierno promoverá la modificación del régimen especial para menores de 18 años, que, según Beliz, “no sólo propicia la disminución de la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que implica un régimen mucho más integral”.

– Se enviará al Congreso un proyecto de ley que instrumenta el Juicio por Jurados para que “la sociedad pueda participar en el juzgamiento de los delitos penales más graves”.

– Se promoverá una modificación a la legislación en materia de asociación ilícita, para “atacar el corazón de esas organizaciones” y un “pleno régimen de protección de testigos, para evitar una relación espúrea y confusa con fuerzas de seguridad”. También se impulsará la transferencia a las justicias provinciales de “las causas menos graves en materia de narcotráfico, para que estén cerca de donde ocurren los hechos”.

– Habrá, antes del 2007, ocho nuevas cárceles federales con una inversión de 400 millones de pesos. Según explicó Beliz, se aumentará “más del 50 por ciento la capacidad penitenciaria actual”.

– El Ejecutivo propulsará una reforma de la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las policías provinciales. En los próximos 60 días, los jefes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería deberán presentar una propuesta de reordenamiento territorial de todas las fuerzas federales.

– Se buscará transferir a la justicia provincial las causas menos graves en materia de narcotráfico. Se reglamentará la ley sobre desarmaderos. Y habrá un proyecto sobre financiamiento de actividades terroristas y control de lavado de dinero. Habrá un sistema online de mapa del delito.

– En caso de secuestros extorsivos, habrá un protocolo para manejo de situaciones de crisis.

– Buscarán abrir al control ciudadano de las ONG, entes universitarios y civiles, las juntas de promociones. Habrá concursos para comisarios, subcomisarios e inspectores. Se empieza con un cupo de 10 por ciento en la Federal. Podrá haber comisarios civiles, a partir del próximo semestre.

– Se encarará un reordenamiento de la Justicia Penal en Capital. Buscará la redistribución de tareas de todos los tribunales penales. Según Beliz, la Justicia federal en materia penal “cesa de trabajar tal y como se ha hecho hasta este momento”.

– Habrá jueces y fiscales en cada uno de los barrios de la ciudad. Descentralización de jueces y fiscales en el ámbito porteño. Habrá regímenes de revalida a fiscales y defensores.

– Contempla un proyecto de justicia rápida para delitos in fraganti. Se unificarán los códigos de procedimiento penal en todo el país.

– Propicia reformas sobre la elección y remoción de jueces. Buscarán que sean más claros los concursos de todos los jueces y que el jurado de enjuiciamiento sea un cuerpo permanente.

– En materia de la Ciudad, se va a reforzar la creación de la policía comunitaria. “Aspiramos a que la ciudad sea más autónoma, que tenga más atribuciones a nivel de Justicia y Policía”, dijo Beliz. En los próximos 3 años se va a incorporar 1.500 efectivos nuevos. Se van a transferir competencias penales a la Ciudad, no juzgados ni secretarías físicas, sino que los actuales jueces contravencionales de la Ciudad van a pasar a tener competencia en delitos menores.

– En materia social, se intentará posibilitar la vuelta a la escuela de al menos 50 mil chicos. Se aumentarán las becas y se va a priorizar la apertura de los días sábados de las escuelas en los puntos más críticos.

– Hay un decreto para que la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía Federal pase a depender de un monitor civil.

– Régimen Penitenciario. Se incorporan mil becarios de Derecho para controlar la Justicia Penal. Se limitarán las excarcelaciones, lo que implica una reforma legislativa.

– Habrá un Programa Nacional de Trabajos en Cárceles. Se canalizará el poder de compra del Estado hacia allí.

– Se pondrá en marcha un cobro por incentivo en las comisarías y readecuación salarial que tenga que ver con la obtención de resultados.