EL GOBIERNO LE RECLAMA A AGUAS MÁS DE 28 MILLONES

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Alberto Hammerly, decidió reclamar a Aguas Provinciales de Santa Fe el producto de la aplicación del aumento del 13,85%, que fuera acordado en la renegociación que culminó en 1999.

Aquel proceso -aprobado por el Ejecutivo en abril de 1999 y autorizado por la ley N° 11.665- estableció una grilla de obras para la concesionaria, que sólo se cumplió en el primero de los llamados años PR (fue en el año 1 PR, o primer año posterior a la renegociación).

Desde entonces, transcurrieron sin obras los años 2, 3, 4 y 5 PR, situación que puntual y oportunamente el Ente Regulador de Servicios Sanitarios le advirtió al Poder Ejecutivo. La paralización de inversiones fue dispuesta por los sucesivos procesos de renegociación (inconclusos) hasta fines de 2004.

Ahora el gobierno -mediante la resolución 55 del MOSP- reclama a Aguas el monto que la compañía ha percibido por aquel aumento sobre el precio del metro cúbico de agua que pagan los usuarios en ambos servicios.
El aumento de 1999

El aumento dispuesto en el ’99 recibió el nombre de Cargo Compensatorio. Su finalidad era producir un subsidio para reducir (en parte) el costo del Cargo de Infraestructura, es decir, una suerte de contribución de mejoras, que estableció el contrato para los inmuebles que, por primera vez, reciben un nuevo servicio sanitario.

Aquel subsidio cruzado -fruto de la primera gestión de Jorge Obeid- iba de los usuarios reales a los potenciales, a fin de aliviar los pagos de los segundos cuando -junto con los beneficios del nuevo servicio por ampliación de las redes- comenzaban a recibir también las cuotas del cargo de infraestructura.

El esquema funcionó sólo en el primer año. Como se aprobaron las metas del 1 PR, de acuerdo con el contrato, Aguas logró otro aumento del 4% (el primero de cuatro previstos por la privatización).

Como se sabe, la concesión de los servicios sanitarios fue otorgada a Aguas sin canon, a cambio de la ejecución de obras para llevar agua y cloacas a todos los usuarios del área concesionada: ése es el punto central de la tensión entre el gobierno y la empresa.

En 2005 por el decreto 2.362 del gobernador Obeid (que fue recusado por Aguas), vuelven a regir las obligaciones contractuales de hacer inversiones, que además -mediante la reciente resolución 50- han sido pautadas por el poder concedente.

El panorama es complejo: Aguas rechazó la propuesta del gobierno de crear un fondo fiduciario para financiar las obras de expansión que la compañía dice no poder realizar. Tampoco respondió a otra resolución que invitó a la empresa a discutir en forma integral el contrato. Además, Aguas presentó una intimación que es el paso previo -según el escrito de la compañía- a rescindir el contrato aduciendo culpa del Estado (por no haberle asegurado ingresos tarifarios suficientes para prestar los servicios, ni mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión).

LA RESOLUCIÓN

La normativa dictada por Hammerly a la compañía, tiene dos días y tres artículos, que se ocupan de lo acumulado por el aumento, de las percepciones futuras por ese concepto, y de la forma de asegurarse que esos fondos queden a la vista de la concesión (no sólo del concesionario), mediante la actuación del Ente de Control.

Lo que Aguas recibió y no volcó a obras, por el aumento del 13,85% (infinidad de veces reclamado por las entidades de usuarios) suma hasta el 30 de abril de 2004, $28.377.300 pesos. Pero esa cifra no está actualizada, lo que deberá hacer el Enress, tomando como referencia el 30 de abril de 2005. A partir del 1° de mayo, Aguas deberá depositar por separado los ingresos a la concesión por ese concepto.

MONTO INEMBARGABLE
Los considerandos de la resolución N° 55 del MOSP citan la ley N° 12.036, de fines de agosto de 2002 -además de otras normas específicas sobre la concesión como la N° 11.220 que regula al sector sanitario y dispuso la privatización y la N° 11.665 que autorizó la renegociación de 1999.

La 12.036 adhiere al Art. 67 de la ley nacional N° 11.672 que dice que cuando el Estado se defienda en un juicio serán inembargables todos los “fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público provincial, municipal y comunal”. Es el caso del aumento del 13,85 % que la empresa no volcó a obras.