EL GOBIERNO, MUY CERCA DE REFORMAR LA MAGISTRATURA

La polémica reforma del Consejo de la Magistratura se halla a un paso de ser convertida en ley, el próximo miércoles, en la Cámara de Diputados. El Gobierno derrocha optimismo: merced al apoyo de una quincena de diputados del PJ bonaerense (duhaldistas) –antes rivales de campaña y hoy conversos al kirchnerismo–, junto con otro puñado de aliados, pronostica que contará con los 129 votos positivos que exige la Constitución nacional para aprobar la iniciativa.

Lejos de tomarse vacaciones, el oficialismo dedicó el último mes y medio a seducir, presionar y captar nuevas voluntades que respalden el proyecto mimado de la senadora Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria-Buenos Aires), que tiene ya la aprobación del Senado. Sus esfuerzos no habrían sido en vano, por cuanto según sus cálculos superarán ampliamente la meta de votos exigida.

Aunque siempre puede haber imprevistos. Lo que más preocupa al oficialismo es garantizar el piso de 129 votos durante el debate en particular de cada uno de los artículos. Si en tan sólo uno de ellos no consigue aquella mayoría, la iniciativa no podrá convertirse en ley y deberá retornar al Senado para su revisión.

Si bien en la Cámara alta el Frente para la Victoria tiene votos de sobra para ratificar el proyecto, la demora en su sanción no dejará de interpretarse como un traspié y la demostración más cabal de que la Cámara de Diputados resulta un escollo a los intereses del Gobierno. Claro que las espadas oficialistas en ese cuerpo desechan de plano esta posibilidad.

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura es duramente resistido no sólo por buena parte del arco opositor -desde la centroizquierda hasta los bloques de centro-, sino también por un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia y por la mayoría de las asociaciones de abogados y de magistrados del país.

De hecho, el jueves último se organizó un “abrazo” al Palacio de Justicia en rechazo a la iniciativa, organizado por abogados y dirigentes de la oposición.

La mayor objeción que se plantea a la reforma es la futura composición del Consejo. De acuerdo con el proyecto, se reducirá de 20 a 13 la cantidad de miembros, siendo la representación de la Justicia (abogados y jueces) la que resultará más afectada.

En efecto, en el actual Consejo abogados y jueces se aseguran ocho sitios pero, de aprobarse la nueva ley, quedarán reducidos a cinco. También se disminuirá de dos a uno el número de representantes del ámbito académico.

Del sector político habrá siete representantes (actualmente son nueve): uno por el Poder Ejecutivo y seis provenientes del Congreso, cuatro por la mayoría y dos por la minoría. Así, el proyecto elimina los dos representantes de la segunda minoría.

¿Qué objeta la oposición? Básicamente dos cosas: que se rompa el mentado equilibrio que aconseja la Constitución entre políticos y representantes de la Justicia. Y que el oficialismo preserve sus cinco lugares, con lo cual bloqueará toda designación y destitución de jueces (las votaciones en el Consejo son por dos tercios).

En buen romance, la oposición alerta que con esta ley el Poder Ejecutivo podrá manipular a la Justicia.

El oficialismo refuta estos argumentos. Señala que al disminuir la cantidad de miembros, el Consejo dejará de ser un órgano burocrático y costoso. Justifica, además, que haya una mayoría del sector político en el Consejo ya que los legisladores son elegidos por el pueblo, no así los delegados de la Justicia. Considera justo que se eliminen las segundas minorías, ya que en la actual integración tienen tantos consejeros las mayorías parlamentarias como las minorías.

Punto medular

La composición del Consejo de la Magistratura es el punto medular de la reforma que propone el Poder Ejecutivo. Varios bloques legislativos plantearon sus objeciones al respecto; el interrogante es si estarán dispuestos a exponerlas en el recinto y restarles votos al oficialismo en el debate en particular de cada artículo.

El Frente Partido Nuevo -que lidera el intendente cordobés Luis Juez- se debate en esa disyuntiva. En Córdoba desoyó el mandato que aprobó la Legislatura local para aprobar sin chistar el proyecto del Gobierno. Por lo pronto, la diputada juecista Norma Morandini ya anticipó su voto en contra.

En cambio, una quincena de diputados del PJ bonaerense -hoy agrupados en el Peronismo Federal- parece dispuesto a votar sin tapujos la iniciativa oficial. Ex detractores del Gobierno durante la campaña como Mabel Müller, Oscar Rodríguez, Alfredo Atanasof y Luis Barrionuevo levantarán la mano sin remordimiento.

Esta actitud llevará, de manera inexorable, a una ruptura del bloque que comanda José María Díaz Bancalari, ya que el resto de sus compañeros, críticos del Gobierno, votarán en contra si no se aceptan modificaciones en el texto.

Los votos de los ex duhaldistas le brindan al oficialismo la tranquilidad que necesitan para la sesión. Incluso el Gobierno no descarta sumar como aliados a los puntanos que responden a Adolfo Rodríguez Saá, también rivales hasta hace poco tiempo. Rodríguez Saá votó en favor del proyecto en el Senado y la diputada Angélica Torrontegui firmó el dictamen, aunque con alguna disidencia.