EL GOBIERNO NACIONAL PREPARA UN PLAN PARA CAMBIAR TODOS LOS DNI

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que se están dando los últimos retoques a un proyecto mediante el cual el Estado comenzaría a confeccionar nuevos DNI para toda la población con el objetivo de lograr mayor seguridad en los sistemas de identificación personal, y para reforzar los controles en los ingresos y salidas del país y en la circulación fronteras adentro de la Argentina.

La medida, que en rigor estaba en elaboración desde 2003, fue rápidamente reflotada luego de que se conociera la fragilidad de los controles aeroportuarios y migratorios tras el caso de tráfico de drogas a España detectado en un vuelo de Southern Winds, una empresa de la que el Estado es socio.

Los detalles y la factibilidad del proyecto se están estudiando en el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo la coordinación de todas las fuerzas de seguridad nacionales, entre ellas, la aeroportuaria. También se encarga del control de las fronteras nacionales, con la Dirección de Migraciones.

Desde la óptica oficial, un nuevo DNI produciría resultados alentadores en todas esas áreas: mejoraría los sistemas identificación de las personas con la confección de una documentación inviolable y, por lo tanto, repercutiría en el control de los desplazamientos y en la seguridad en las fronteras, un tema que preocupa a la Casa Rosada tras la revelación del caso del tráfico de drogas desde Ezeiza.

De todos modos, consultado por LA NACION, el ministro del Interior evitó dar precisiones. “El Gobierno está trabajando, y el tema está casi listo para que lo vea el Presidente. Sería imprudente decir más que esto por el momento”, se limitó a responder.

En cualquier caso, la cartera a su cargo ya había dado en oportunidades anteriores los lineamientos de la medida. Según era de público conocimiento, la iniciativa también contemplaría la creación de una base de datos unificada que concentrará toda la información migratoria, fiscal y electoral de la población.

Este es, quizás, uno de los aspectos más controvertidos de la medida, pues abre el debate sobre los límites legales para el entrecruzamiento de datos y las restricciones para el acceso a éstos por parte de terceras personas.

Si bien aún no está definido, la propuesta tendría un costo estimado de 160 millones para el Estado.

Los recién nacidos y los jubilados no tendrían costo alguno para realizar el trámite de renovación. Los ciudadanos de bajos recursos inscriptos en planes sociales tampoco: del costo de esas renovaciones se haría cargo el propio Estado.

Impresión

De no mediar modificaciones en los planes oficiales, está previsto que la impresión de los nuevos DNI esté a cargo del Instituto Geográfico Militar y de la Casa de la Moneda. De esta manera, las empresas Ciccone Calcográfica y Siemens quedarán definitivamente fuera de la confección de la documentación de los argentinos. Los contratos con ambas compañías están suspendidos. El de la alemana Siemens fue rescindido por el ex presidente Fernando de la Rúa.

Cabe recordar que, por este tema, la compañía mantiene una disputa con el Estado en tribunales internacionales. De todas maneras, para los mayores de edad la renovación de los DNI no sería compulsiva, sino que se haría en forma gradual y con plazos de realización flexibles que podrán extenderse hasta los cinco años desde la puesta en vigor de la disposición oficial.

Según el argumento oficial, el objetivo primordial es evitar la circulación de documentos apócrifos y la manipulación de datos personales.

La confección de una base de datos unificada está pensada en ese sentido. La Dirección de Migraciones ejercería con esa herramienta un mayor control del ingreso y del egreso de personas del país y podría detectar en forma automática la presencia de ciudadanos argentinos o extranjeros con documentación apócrifa.

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

Una historia asociada con la polémica

Además del debate sobre la potestad del Estado para su confección o la posibilidad de que lo hicieran empresas privadas, los DNI estuvieron durante los últimos años asociados con múltiples escándalos y se convirtieron en un problema de difícil solución para los distintas administraciones nacionales durante la última década.

En 1994, el gobierno de Carlos Menem propuso privatizar la confección de los DNI y cuatro años después, en febrero de 1998 y en medio de una gran polémica, se anunció que la empresa alemana Siemens había ganado la licitación y que los nuevos documentos tendrían un valor de 30 pesos.

Al llegar al poder, la Alianza puso el ojo sobre la licitación, y el ministro del Interior Federico Storani trabó una lucha judicial con la empresa para que bajaran los precios de los DNI.

Rescisión

La disputa culminó con la rescisión unilateral del contrato por parte del presidente Fernando de la Rúa. Siemens reaccionó llevando el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas e Inversiones (Ciadi), y reclamó una indemnización de US$ 500 millones, un caso cuya resolución sigue pendiente.

En agosto último, el juez federal Juan José Galeano alertó al Ministerio del Interior sobre la facilidad para falsificar DNI. El Gobierno parece haber tomado en serio la advertencia.