EL GOBIERNO NEGÓ PRESIONES A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó hoy que el Gobierno esté presionando para que la Corte Suprema de Justicia “tome una decisión” respecto de la constitucionalidad o no de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aunque aclaró que el máximo tribunal “en algún momento” deberá expedirse sobre la cuestión.

En tanto, el canciller Rafael Bielsa fue más contundente y consideró que “ya es hora de que” la Corte “se pronuncie”, para que se resuelva la situación de 45 militares y un civil a los que se determinó su arresto, acusados de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

“No conozco ni ratifico que haya presión por parte del Gobierno (sobre la Corte) porque, de hecho, el Presidente (Néstor Kirchner) ha sido gráfico: no lo va a hacer”, dijo Fernández.

El jefe de la cartera política recordó que “muchos jueces” declararon la inconstitucionalidad de las leyes y, al llegar el caso a la Corte, ésta es “inevitable que se expida, lo que no significa -señaló- que el Gobierno esté presionando para que tome una decisión”.

Por su lado, Bielsa enfatizó que “la Corte también gobierna. Y tiene que hacerse cargo de su responsabilidad política de resolver si las leyes son constitucionales o no”, advirtió.

El diputado del PJ Eduardo Falú -que preside la Comisión de Juicio Político-sostuvo que el proceso parlamentario contra el juez Eduardo Moliné O´Connor “no debería operar como presión” para que el máximo tribunal se expida al respecto.

El legislador tucumano indicó que el proceso parlamentario contra el magistrado “nada tiene que ver con esta cuestión” de las normas exculpatorias y “no debería operar como presión para un juez” de la Corte.

Falú alertó “hay que actuar con mucha prudencia” ante la posibilidad de que el Congreso declare la nulidad de las leyes en la sesión del próximo 12 de este mes, ya que -sostuvo- “una decisión apresurada” en ese sentido “podría provocar un caos jurídico”.