EL GOBIERNO NO PREVÉ ANULAR LOS INDULTOS
Un día después del fallo de la Corte Suprema que anuló las leyes exculpatorias, el Gobierno de Néstor Kirchner desalentó ayer la posibilidad de impulsar desde la Casa Rosada una medida que deje sin efecto los indultos a militares y civiles que decretó Carlos Menem al inicio de su presidencia.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó a LA NACIÓN que no hay ningún proyecto en estudio para derogar los decretos firmados en 1989 y 1990, y que beneficiaron a 289 personas, entre condenados y procesados.
“Fue una medida que merece toda la condena moral, pero resultaría muy complejo promover la inconstitucionalidad. No sé si jurídicamente es factible”, dijo el ministro.
Menem había justificado su decisión en la facultad de indultar o conmutar penas que concedía al presidente el artículo 86, inciso 6° del texto constitucional anterior a 1994 (ahora figura en el artículo 99, inciso 5°).
Para el jefe de Gabinete, ese derecho es un “resabio monárquico” de la Constitución y consideró preferible dejar que cualquier eventual resolución surgiera desde la Justicia.
Hasta el momento, dos jueces y la Cámara Federal declararon la nulidad de dos de los diez decretos de indultos en causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
A partir del fallo de la Corte contra las leyes de obediencia debida y de punto final, los reclamos para dejar sin efecto los indultos de Menem empezaron a sonar con fuerza.
El ex presidente Raúl Alfonsín y el actual jefe del Ejército, general Roberto Bendini, se contaron entre los principales promotores de la idea.
En el Gobierno, donde todavía ayer reinaba la euforia por la sentencia del máximo tribunal, optaban por la cautela a la hora de hablar de los indultos. “Hay que analizar el tema con el cuidado y la seriedad con que lo hizo la Corte Suprema”, dijo ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Poco después de asumir, Kirchner impulsó un proyecto para que el Congreso anulara las leyes exculpatorias. Fue el primer paso para un proceso que terminó con la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Corte. Sin embargo, cuando se analizó en el Gobierno qué hacer con los indultos, el Presidente prefirió no involucrarse personalmente.
Fuentes de la Casa Rosada y del Ministerio de Justicia señalaban anoche que Kirchner supone que, por lógica, en el mediano plazo los decretos de Menem serán anulados por la Justicia. Los asesores legales del oficialismo habían sugerido tiempo atrás que una derogación de esas normas podría ser vulnerable ante un tribunal.
LOS BENEFICIADOS
Los cinco primeros decretos con indultos fueron difundidos el 7 de octubre de 1989: estaban incluidos 277 personas, entre militares procesados en causas por violaciones de los derechos humanos y civiles acusados de terroristas.
Se beneficiaron los ex presidentes de facto Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, los generales Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy, y miembros de la cúpula de Montoneros como Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Quedaban liberados también los militares involucrados en los alzamientos militares de los años 80.
El 29 de diciembre de 1990, Menem indultó a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, todos condenados en el juicio a las juntas. También benefició al general Carlos Suárez Mason y al jefe montonero Mario Firmenich.
Desde entonces se abrió un debate entre los juristas sobre la validez de la facultad presidencial para indultar a procesados, es decir, para conmutar penas en abstracto.
En el gobierno de Kirchner consideran muy probable que la Justicia termine por pronunciarse en contra de los decretos en los que se perdonó a militares o a civiles que todavía no habían sido enjuiciados.
En esa hipótesis, sólo estaría garantizada la supervivencia del indulto a los ex comandantes, que fueron juzgados y condenados en 1985.
El general Bendini lanzó ayer una queja sobre lo que podría ocurrir si, tras el fallo de la Corte, no se anulan los indultos: “No vaya a ser cosa que queden presos los que fueron subtenientes, mientras que los que tuvieron mayor jerarquía y la plena responsabilidad queden en libertad”.
Los miembros de las juntas que siguen con vida volvieron a ser procesados y arrestados por otras causas en los últimos años. Hasta el mes pasado, 14 ex militares que integraban la lista de los indultos de Menem volvieron a quedar detenidos en causas por apropiación de bebes o por la desaparición forzada de personas. Con la derogación de las leyes exculpatorias, casi no quedan supuestos represores que puedan escudarse en los indultos.
En el caso de los guerrilleros sería improbable la reapertura de sus causas aunque se anulara el indulto: los delitos por los que se los acusa no entran en la categoría de “lesa humanidad” (por ende, imprescriptibles) como sí ocurre con la desaparición de personas y con la apropiación de menores.
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