EL GOBIERNO OBLIGARÁ A AGUAS PROVINCIALES A REALIZAR OBRAS

Así lo confirmó a El Ciudadano el ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, quien ayer estampó su firma en la resolución Nº 313 para formalizar esa obligación que sin suerte se intentó acordar con la concesionaria. Al mismo tiempo, admitió que quedará para las autoridades provinciales que asumirán el 10 de diciembre la “importante tarea” de ver qué se hace con el contrato de concesión que “quedó fuera de foco en la realidad actual con sus bases originales”.

La resolución, que ayer mismo fue comunicada a la empresa y al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), incluye una lista de los trabajos que deberá hacer Aguas Provinciales entre 2004 y 2005. Para Rosario se exige la terminación de las obras por consorcio en el barrio Alvear, la segunda etapa del conducto Vera Mujica, la rehabilitación de sumideros y cañerías pluviocloacales, el pluviocloacal de Oroño y 27 de Febrero, la instalación de la cañería de agua en bulevar Seguí, Avellaneda y Matienzo y la ampliación de la capacidad filtrante de la planta potabilizadora.

En Capitán Bermúdez y Funes, el gobierno reclama a la concesionaria vaciaderos para los camiones atmosféricos, en Firmat la ejecución de filtros para la eliminación de arsénico, en Rafaela la protección catódica del acueducto y la planta de tratamiento de líquidos cloacales, en Reconquista el blooster de agua cruda, en Rufino la planta depuradora de fangos activados, en Santa Fe la instalación de las cañerías para el cierre suroeste y en Villa Gobernador Gálvez la tercera etapa del acueducto.

Lo cierto es que para que Obras Públicas pueda plantear las exigencias a Aguas tuvo que dejar sin efecto un acta firmada en octubre pasado durante el fugaz paso de José María Candioti por el Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Obras Públicas. Ese acta establecía una suerte de transición mientras se renegociaba el contrato.

“Hemos evaluado que después de un año, en virtud de conocer con detenimiento el estado actual de la situación económico financiera de la concesión, se juzga conveniente imponer a la empresa la ejecución de algunas de las obras que habían quedado postergadas durante bastante tiempo y que hoy resultan impostergables”, confirmó Berli.

El ministro admitió que hubo intentos infructuosos para llegar a un acuerdo con la concesionaria porque ésta sostiene que no tiene saldos operativos debido a la deuda contraída con organismos financieros internacionales. “Ese un problema que no debe ser mezclado con las restantes obligaciones contractuales de la empresa. Por lo tanto insistimos en que eso debe ser atendido por la concesionaria de la manera que juzgue conveniente”, remarcó Berli. Consultado sobre si Aguas puede apelar, el ministro dijo que seguramente ocurrirá eso, pero que la resolución quedó en firme a partir de su comunicación.