EL GOBIERNO PIDE PRUDENCIA EN LOS RECLAMOS SALARIALES

El costo de la canasta básica familiar subió desde 771 a 801 pesos mensuales desde la última negociación del salario mínimo, en junio, cuando ese valor se elevó a $ 630, y el ingreso de una familia tipo, gracias a las asignaciones por hijos, alcanza los $ 750. Pese a ese contexto inflacionario, y el actual conflicto salarial entre las empresas de bebidas y sus camioneros, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se mostró ayer confiado en que después de las elecciones legislativas del 23 del actual no se desatará una puja desenfrenada por los sueldos.

Fernández opinó que los reclamos sindicales que aparecieron este año “responden a la mejora que tuvieron algunos sectores de la economía”, pero advirtió a los gremialistas que “todo debe hacerse con la prudencia debida”. “Hay convenciones colectivas, discusiones entre empresarios y trabajadores en el Ministerio de Trabajo, donde van saldando posiciones. Ahí hace falta mesura y comprensión de ambos sectores”, pidió, en declaraciones a Radio América.

En el empresariado, algunos temen un recrudecimiento de la puja distributiva tras los comicios y otros esperan que prevalezca la moderación. “Salvo casos puntuales, no creo que haya puja salarial”, opinó el protesorero primero de la Unión Industrial Argentina (UIA) y director de la textil TN&Platex, Jorge Sorabilla.

“En el sector textil, el sindicalismo es responsable porque tenemos mucha experiencia de malos tiempos como para hacer locuras”, ejemplificó Sorabilla. El director de relaciones institucionales del laboratorio Bagó, Carlos Chaves del Valle, también espera “prudencia de las partes involucradas, porque ya hubo fuertes negociaciones previas al 23 de octubre”.

En cambio, el dueño de una industria de consumo masivo, que prefirió guardar el anonimato, vaticinó que “habrá presiones salariales porque ya está habiendo: hay sectores que quieren reabrir los acuerdos firmados”. El empresario rechazó que el salario mínimo debiera cubrir la canasta familiar básica, y advirtió que “si se desata el tema salarial, se estimulará la demanda, que ya está excitada. Eso repercutirá en los precios y, además, se restará competitividad a las empresas”.

El director de otra firma de consumo masivo, también desde el anonimato, coincidió con que “la puja distributiva está instalada y seguirá”. Vaticinó reclamos de empleados públicos y de servicios, aunque advirtió que “el problema es el 47% de los trabajadores que está en negro y que en su mayoría son pobres”.

Fernández, por el contrario, se mostró tranquilo: “Lo que pedirán los argentinos es un crecimiento que les sirva a todos, no sólo a algunos, ni un desorden económico. Estamos en presencia de una economía que está creciendo tres años consecutivos al 9 por ciento anual, lo que supone un desarrollo enorme que obviamente desata la puja distributiva. No se trata de una recuperación [salarial] de golpe. Lo que pasa es que a veces algunos métodos de reclamos hacen sentir eso, pero la realidad es que entre el año pasado y éste se firmaron más de 400 convenios colectivos de trabajo con recuperación de salarios, sin huelgas ni manifestaciones de fuerza de este tipo”, apuntó contra el nuevo paro de los camioneros.

El jefe de Gabinete no dejó de criticar la propuesta del presidente de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU), Alfredo Coto, de reducir el IVA a los alimentos básicos. “Lo que pasa es que los empresarios suben los precios y dicen que el que tiene que bajar los impuestos es el Estado. Los precios no suben porque aumentan los impuestos. Los empresarios, antes de resignar su utilidad, quieren que el Estado renuncie a sus ingresos, y eso me parece hasta una discusión poco ética porque, con esos recursos, el Estado atiende necesidades del conjunto.”

El director de la consultora Macrovisión, Luciano Laspina, se mostró de acuerdo con el Gobierno en su rechazo de la rebaja del IVA, porque así “se reducen los costos a los indigentes y a los que no lo necesitan”, y recomendó que se subsidiara a los más pobres “sin clientelismo político”. No obstante, criticó a Fernández por reclamar bajas de precios a los empresarios: “Al Gobierno todavía le cuesta ver las implicancias de la libertad de precios. Ve los aumentos como una conspiración, pero lo que tienen que hacer los empresarios es ganar plata y pagar impuestos. Si no queremos inflación, habrá que convencerlos de que inviertan más”.

Sorabilla negó que la mayoría de los empresarios buscara una rentabilidad “desmedida”, sino una que sea “lógica”. Afirmó que las compañías “están tratando de trasladar a los precios los mayores costos de salarios, energía, alquileres y transporte para seguir con una rentabilidad razonable”. Chaves del Valle aseguró que su sector mantiene la “prudencia” en los precios, “no por virtud, sino porque el 40% de los argentinos está fuera de la línea del poder de compra”.