EL GOBIERNO PORTEÑO Y LA JUSTICIA PELEAN POR EL DESALOJO DE UNA VILLA

Hay que caminar no mucho más de 100 metros desde la fuente de Las Nereidas, allí donde la Costanera Sur es un agradable paseo de fin de semana. Atravesando un portón, dentro de la Reserva Ecológica de la Ciudad, el paisaje cambia. Aparecen un depósito de autos destruidos de la Policía Federal; un par de galpones donde durante años hubo toneladas de raticida vencido, altamente tóxico; la División Perros de la Prefectura y una montaña de tierra proveniente de las obras de extensión del subte. Entre ellos, hay varios cientos de casas —algunas muy precarias y otras de material— apretadas una contra la otra, junto a la ribera.

La villa de la Reserva, o “Rodrigo Bueno”, es hoy eje de un conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y la Justicia porteña. Las primeras casas se construyeron hace más de 20 años, antes incluso del nacimiento de la Reserva. Pero fue la crisis de 2001 —que según datos oficiales dejó como legado 40.000 nuevos habitantes en las villas de la Capital— la que la hizo crecer hasta reunir unas 500 familias.

Con el objetivo de recuperar la Reserva Ecológica, el Gobierno porteño lanzó el mes pasado un plan de subsidios de 20.000 pesos por familia o créditos para los que aceptaran irse. Unas 160 familias tomaron el subsidio, se fueron y el Gobierno demolió sus casas. Sin embargo, ahora la Justicia suspendió la aplicación del plan y ordenó el retiro de los escombros de las demoliciones, que habían sido dejados en el lugar. Tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) como el asesor tutelar Gustavo Moreno, que actúa en representación de los cientos de chicos que viven en la villa, dicen que los escombros se dejaron allí para hacerle más difícil la vida a la gente y de esa manera presionar a los que por ahora no aceptaron irse.

Como ya había considerado incumplida una orden anterior para quitar los desperdicios, la jueza Elena Liberatori le aplicó una multa sobre el sueldo al secretario de Desarrollo Social y vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, quien respondió recusando a la magistrada. Finalmente, el miércoles se terminaron de sacar unas 250 toneladas de escombros, dijeron a Clarín en la Dirección de Higiene Urbana.

Pero además, Liberatori consideró que no se hizo un censo antes de pagar los subsidios, lo que podría dar lugar a pagos a gente que en realidad no estaba viviendo en la villa, y por eso suspendió el plan. Esto es rechazado por el Gobierno, que apeló el fallo y asegura que ya relevó la villa.

Telerman dice que la medida de la jueza es “absurda” y cuestiona también a la APDH: “Estamos orgullosos de este plan, que transfiere 8 millones de pesos de los impuestos a los sectores más desfavorecidos y significa una respuesta a la problemática social que no se da en ninguna otra parte del país”.

Para Telerman, urbanizar el lugar —como reclamó judicialmente la APDH— es imposible, “no sólo porque es patrimonio público, sino también por las características propias de las tierras, que son recuperadas al río”.

Como un ingrediente anexo a la historia aparece un proyecto de IRSA. El grupo empresario que es dueño de buena parte de los shoppings del país, compró los terrenos de la ex Ciudad de Deportiva de Boca Juniors, al lado de la villa, donde planea una millonaria inversión inmobiliaria.

Diputados de la oposición denunciaron que ése es el verdadero motivo por el cual el Gobierno quiere desalojar la villa. “No lo puedo afirmar, pero seguro que en alguna medida incide”, señala por su lado el asesor tutelar Moreno. Telerman lo niega y dice que el Gobierno le rechazó a IRSA la autorización para construir un barrio privado. En su secretaría aseguran que, si la Cámara de Apelaciones revoca la decisión de la jueza, “el 80% de la gente de la villa está dispuesta a irse”.